La plantilla de la Generalitat volvió a engordar en 2018, último ejercicio auditado por la Sindicatura de Comptes, pero a diferencia de los dos años anteriores dentro de la era botánica la tendencia de pérdida de empleo público fijo se rompió. Así, por primera vez desde 2015 y tras pérdidas encadenadas, la Administración autonómica ganó 693 nuevos funcionarios de carrera y 872 laborales fijos. Esto es 1.565 empleadas y empleados públicos no sujetos a temporalidad. El dato es relevante habida cuenta de que, tal como informó en su día este diario, entre 2015 y 2017, la plantilla de empleados con plaza fija había menguado en más de 4.211 miembros.
El dato es uno de los más destacados del último informe de la sindicatura, si bien la incorporación de este personal fijo se produce en el contexto de una función pública que sigue condenada al mal de la temporalidad. De hecho, pese al refuerzo de la plantilla fija ese año, la precariedad se agudizó. Y ello porque el Consell siguió echando mano de la contratación de interinos para hacer frente a sus necesidades de personal. Así, en 2018 lograron nómina pública más de 4.400 personas, aunque un 65 % lo hicieron en calidad de interinos.
La interinidad crece dos puntos
Además, el personal fijo de Sanidad (estatutarios) siguió menguando: 1.593 sanitarios fijos menos, de tal manera que desde 2015 se han perdido 3.620 profesionales, en su mayoría bajas por jubilación. Esta sangría en Sanidad hace que el balance final ese año, pese a las incorporaciones, acabara en negativo en lo referente al empleo público estable. De hecho, la interinidad (teniendo en cuenta todo el personal incluido docentes y sanitarios) creció dos puntos y se situó en el 43 %.
El análisis que la Sindicatura de Comptes hace del apartado de personal apunta bien a las claras qué ámbito es el principal granero de temporales: el sanitario. La elevada temporalidad de la plantilla sanitaria es una de las conclusiones del informe. El síndic destaca que el personal temporal representaba ya cerca del 59 % del total de la plantilla, lo que supone 4,30 puntos más que en 2017. La sindicatura alerta de que esta precariedad laboral condiciona «negativamente» la prestación del servicio sanitario e insta a los gestores públicos a agilizar la ejecución de las ofertas de empleo público, única vía para la incorporación de sanitarios fijos.
Por otro lado, el informe recoge también el impacto de la reversión al sistema público del hospital de la Ribera, un proceso que supuso la subrogación del personal contratado por la concesionaria. Esta incorporación de fijos explica también buena parte del incremento del gasto en capítulo uno.
El síndic señala que las obligaciones reconocidas crecieron un 6,5 % hasta alcanzar los 5.703 millones. Los gastos en personal se disparan, explica el órgano fiscalizador, principalmente por los programas de asistencia sanitaria y docente, áreas donde más refuerzo de personal se ha necesitado.
