El de Juan Vargas es un expediente más que se acumula en la dirección territorial de Igualdad y Políticas Inclusivas en València de los muchos que se registran en una sede saturada de trabajo. Sin embargo, ese expediente es para Juan y su familia una posibilidad de futuro que hoy no tiene. De hecho, hoy no tiene ni para «pagar la medicación que debe tomar mi mujer, que padece una enfermedad mental. Hay medicinas que sí paga la Seguridad Social, pero hay otra que no está incluida y vale 60 euros la caja», explica el hombre.

La pareja tiene tres hijos de 17, 15 y 13 años. Juan trabajó en una empresa de reparto hasta que cerró por la crisis. Su hipoteca era y es de 1.100 euros al mes. Hace 4 años que dejaron de pagar y temen el día en el que llegue la orden de desahucio y, además de sin ingresos, se vean en la calle con tres hijos.

Arroz blanco para comer

«Necesitamos la renta valenciana de inclusión. Es nuestro salvavidas. Esa ayuda está prevista para gente como nosotros, pero no nos llega... y solo comemos arroz blanco. Me explicaron de palabra que el problema era que en septiembre de 2018 recibí un ingreso de 1.100 euros porque declararon el coche de mi padre siniestro total tras un golpe mientras estaba aparcado. Pero mi padre no tenía la cartilla a mano y di la de mi mujer. La conselleria alega que el expediente no está claro por ese ingreso puntual, que se produjo, además, tres meses antes de que yo solicitara la renta. Pero me lo dijo una empelada, no hay nada oficial. En un mes he mandado 40 correos y no me han contestado. Mi mujer está de baja por enfermedad y cobra 300 euros. Cuando le den el alta se acabó. De hecho, en mayo nos quedaemos sin nada», explica el hombre, de 40 años.