R.Y., el venezolano de 33 años cuya expulsión de España ha sido denunciada por la Campaña por el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs NO), ha quedado en libertad al resistirse a entrar en el avión donde iba a ser deportado.

Así lo han indicado a Efe fuentes policiales, que han precisado que su expulsión había sido decretada por un juez después de haber agotado todas las vías para quedarse en España, ya que, además, se le había denegado las peticiones de asilo y refugio.

También había agotado el plazo de estancia en el CIE de Zapadores, por lo que al resistirse a embarcar, la Policía no ha tenido más remedio que dejarle en libertad.

El hombre ha montado un fuerte altercado y el comandante del vuelo -la autoridad máxima dentro de un avión- ha decidido que no embarcara en el aparato que iba a despegar del aeropuerto de Madrid-Barajas.

Según la organización denunciante, el venezolano está afectado de VIH, llevaba cerca de 50 días internado en el CIE de Zapadores, y durante su primer mes de ingreso no recibió atención médica ni se le proporcionó la medicación que precisa para su enfermedad.

Pero las fuentes policiales consultadas han precisado que efectivamente el hombre es portador del virus, pero no ha desarrollado la enfermedad.

Han indicado además que ha estado controlado médicamente todo el tiempo, si bien no ha precisado tratamiento específico para el sida toda vez que no ha desarrollado la enfermedad, como queda reflejado en el informe médico.

La pareja del venezolano ha asegurado que de ser deportado "morirá porque allí no tiene medicación". Óscar F., de origen gallego y residente en Madrid, ha explicado que durante los 53 días que su compañero ha estado ingresado en el CIE lo ha podido ver "animado" hasta ayer, un día después de recibir la notificación de expulsión, que "estaba destrozado" pero "calmado" y pidiendo que se hiciera "lo que se pueda".

Según Óscar, durante un viaje en 2017 por Miranda de Ebro (Burgos) le "pillaron sin documentación y dictaron una orden de expulsión. No la recurrió en su momento por descuido y en un viaje a València le pidieron la identificación y tampoco la llevaba y se dictó la ejecución de la expulsión".

Aunque el pasado 3 de diciembre el Defensor del Pueblo paró otra expulsión con un informe favorable, ahora de nuevo se ha activado "para mandar a una persona enferma a un país donde se va a morir y separarla de su pareja hace tres años", según su relato.

"Es seropositivo", y en Venezuela, asegura Óscar, "moriría por la escasez de medicación".

Óscar ha pedido a la Subdelegación del Gobierno de Burgos que revoque la orden de expulsión porque "este asunto lo tiene sobre la mesa desde hace tres semanas y, aunque se han aportado documentos acreditativos de la relación, de su cierto arraigo en España y de su situación humanitaria, todavía no se ha respondido nada".

También ha asegurado que durante las primeras semanas su pareja tuvo tratamiento antirretroviral para el VIH en el CIE porque él se lo llevó.