Cambian las hojas del calendario, pero lo que no varía es la situación del personal laboral de las universidades públicas valencianas. Un tanteo de las mejoras que los trabajadores esperan ver cumplidas en 2020 refleja que siguen intactas las mismas reivindicaciones que apuntaban en diciembre.

La reivindicación «estrella» de todos los sindicatos consultados es la firma del convenio colectivo, que incrementaría los salarios y equipararía retributivamente las diferentes figuras del Personal Docente Investigador (PDI) laboral de las cinco universidades, lo que ahora no ocurre, ya que hay diferencias por realizar el mismo trabajo.

Como ya publicó este periódico, la firma del convenio que se negoció durante tres años está 'encallada'. Existe un «preacuerdo» rubricado entre universidades, Generalitat y sindicatos en abril de 2019, en periodo electoral, y que debería haberse reafirmado después de los comicios, lo que no ha ocurrido.

Así, la nueva Conselleria de Universidades recibió la 'patata caliente' de la Conselleria de Educación, pero finalmente, a pesar de numerosas promesas -y de contar con una partida presupuestaria- el documento no se firmó tampoco en 2019, porque la Generalitat considera que no debe figurar en él, pese a hacerse cargo del impacto económico de las medidas pactadas.

Consecuencias penales

En este sentido, CC OO solicitó el viernes, en la reunión de portavoces de la Mesa General, el informe de Hacienda que, supuestamente, desaconseja la firma del convenio. Las universidades, por su parte, despidieron 2019 enviando un documento a la Generalitat en el que piden «autorización explícita», por escrito, para aplicar las mejoras previstas. Lo hacen para 'blindarse' ya que la aplicación de las medidas pactadas sin el 'colchón' del convenio pude suponer la nulidad del acuerdo, responsabilidades contables y penales, e incluso un delito de malversación de dinero público.

Desde CC OO, Xelo Valls explica que la incerteza «en lugar de ir a menos, va a más; no llegamos nunca» y recuerdan que la firma del documento «conlleva» una subida salarial para todas las figuras laborales, incluidas «las más precarias». Además, se muestran en desacuerdo de que Universidades se haya «desmembrado» de la Conselleria de Educación, porque se quedan «temas académicos en el aire».

Por otro lado, Susana Díaz, de UGT, también incide en la negativa de la Generalitat de firmar el convenio, del que destaca las mejoras retributivas y recuerda que las actuales compensaciones están «desfasadas y sin actualizar», ya que se basan en un decreto de 2002.

Para Vicent Julià, responsable del Stepv, la situación actual es de «impotencia total», porque «no se ofrecen soluciones ni tenemos respuesta». El sindicato se pregunta «quién ha estado engañando al personal laboral universitario». Además de la falta de convenio colectivo -la Comunitat Valenciana es la única autonomía que no cuenta con uno-, Julià también recuerda que el gobierno estatal debería regular los méritos para promocionar en la carrera profesional, así como las reglas de acreditación, que no son homogéneas.

Por último, en CSIF se sienten «toreados» e inciden en que hasta que la Generalitat no firme el convenio, «no se podrán aplicar mejoras» que consideran necesarias. El personal laboral «necesita cambios retributivos y, en general, de sus condiciones profesionales, ya que están en una situación precaria: debe estabilizarse, mejorar su situación y que las plazas se transformen en estructurales de plantilla».

Los sindicatos esperan desde antes de Navidad una respuesta de la Conselleria de Universidades a su petición de volver a reunirse. De no contar con una fecha pronto, volverán a movilizarse, anuncian.