La investidura de Pedro Sánchez y el Gobierno progresista no ha salido gratis a Ximo Puig. Son las cuentas al menos que echa su equipo de colaboradores más cercano. Algunos de los titulares en prensa de Madrid (portadas incluidas) de las últimas semanas muy críticos con el jefe del Consell los enmarcan en su apoyo a la aproximación del PSOE a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para sacar adelante el Gobierno de coalición con Pablo Iglesias.
Puig no se ha movido del sitio en el que ha estado tradicionalmente: en el lado del federalismo, la descentralización y el diálogo con Cataluña dentro de los márgenes de la ley. Más que lo que ha hecho, lo relevante son las consecuencias de lo que podría haber hecho.
Si en lugar de ser fiel a su trayectoria política, se hubiera puesto (por estrategia interna de partido o por la coyuntura estatal) al lado de los barones socialistas que han criticado o han mantenido un sonoro silencio sobre las conversaciones con los republicanos (Emiliano García Page y Javier Lambán y Guillermo Fernández Vara), Sánchez hubiera encontrado un escenario político mucho más complicado.
La Comunitat Valenciana es hoy la principal autonomía gobernada por los socialistas. Un presidente que hubiera cuestionado los planteamientos de Moncloa en momento tan sensible habría encontrado altavoces de sobra. Frente a ello, la actitud de Puig, al lado del líder del PSC, Miquel Iceta (viejo amigo), y del presidente en funciones, ha ayudado a apuntalar a este.
El secretario general del PSPV ha evitado cualquier enfrentamiento con Pedro Sánchez desde que participó en la operación de derrocamiento de Ferraz e hizo campaña después por Susana Díaz. Tras el regreso victorioso del hoy presidente, Puig no se ha salido del renglón y ha evitado protagonismo en Ferraz. No se puede afirmar dos años después del drama épico que sean inseparables, pero la comunicación entre ambos ha ido creciendo. De este proceso de formación de Gobierno, el vínculo debería salir fortalecido.
La cuestión ahora es si la inversión, con el desgaste que ha conllevado, tiene algún retorno. Más que una mejora de la situación estratégica de Puig en el partido (es un camino aparentemente abandonado), lo que está en juego es la consideración de la Comunitat Valenciana como socio prioritario de un Gobierno que es casi una reproducción a escala estatal del surgido del Pacte del Botànic: Sánchez tiene de aliado a Unidas Podemos y ha suscrito un acuerdo de investidura con Compromís.
La agenda valenciana debería empezar a transformarse en soluciones más que ser una relación de problemas encallados. Y desde ese enfoque al Consell de Puig, Oltra y Martínez Dalmau le interesa una legislatura larga y consolidada.
El riesgo de la alineación de gobiernos es no producir soluciones. El Ejecutivo autonómico no tendría excusas ni parapetos en Madrid. O llegan las soluciones en forma de más inversiones, nuevos recursos y mejoras transitorias en la financiación a la espera de un nuevo modelo o la derecha se encontrará con la alfombra puesta para regresar al Palau.
De momento, la onda que llega a los despachos de Presidencia del Consell es que el nuevo Gobierno progresista pretende arrancar fuerte, con una lluvia de medidas sociales de carácter general (salario mínimo, pensiones y cambios en el Código Penal para evitar las lagunas en las agresiones sexuales en grupo) con las que hacer visible el cambio político y contrarrestar la corriente de opinión que pueda generar la puesta en marcha de mecanismos de comunicación con el Govern catalán.
Puig lo asume y espera que no se demoren los resultados favorables para la Comunitat Valenciana. Ya ha manifestado que le gustaría ver encima de la mesa unos Presupuestos Generales del Estado en el primer trimestre. Será la primera prueba de fuego de la inversión realizada estas últimas semanas por el jefe del Consell.
