Las políticas sociales vuelven a copar las principales actuaciones del Síndic de Greuges en 2018, según recoge la memoria anual de este organismo entregada a las Corts vía telemática. Un informe en el que el Defensor del Pueblo Valenciano también hace especial hincapié en la situación de los centros de recepción de menores, y, en especial, en la falta de recursos y los problemas de gestión. «Incluso se han producido actuaciones administrativas contrarias a la normativa vigente», advierte la institución presidida por Ángel Luna.
Las demoras en la tramitación de expedientes administrativos de dependencia, vivienda, servicios sanitarios o ayudas siguen siendo el principal motivo de queja de los ciudadanos.
En concreto, de las 23.165 actuaciones realizadas por el síndic en el periodo analizado, 12.162 corresponden a reclamaciones presentadas por la ciudadanía, y 40 de oficio. La mayoría, el 32,7 %, corresponde a temas relacionados con la educación, seguidos de los servicios sociales (17,2 %), urbanismo (16,8 %), empleo público (7,2 %), medioambiente (6,8 %) y atención a la dependencia, que con un 6,6 % reducen en casi un 14 % los datos de 2017. Asimismo, durante 2017 el síndic dictó 6.861 resoluciones para mejorar las actuaciones y el servicio ofrecido por la Administración local y autonómica.
La memoria reconoce que en los últimos años se ha avanzado mucho en el reconocimiento legal de derechos ciudadanos, pero, advierte, sin acompañarlos de dotación económica. El informe también reprocha la inoperatividad de la Ley de Regulación de los Procedimientos de Emergencia Ciudadana aprobada por la Generalitat en 2016, como ya hizo el año anterior.
De hecho, señala el síndic, cuando la institución tramita una queja para requerir a la Administración que otorgue al ciudadano la prestación que ha solicitado, y que lo haga en el plazo legal previsto, la respuesta es un escrito aceptando la resolución pero indicando de forma generalizada que resolverá el problema en el futuro.
Falta de transparencia de alcaldes
Otro de los puntos clave de la memoria es el dedicado a las quejas derivadas de la aplicación de la Ley de Transparencia, que han crecido un 45 %, pasando de 253, en 2017, a 369, en el periodo de estudio. La mayor parte de ellas corresponden a los apartados de participación pública y transparencia. El informe señala el elevado número de reclamaciones, generalmente concejales de la oposición, ante las carencias en materia de acceso a la información pública por parte de los alcaldes.
