El primer Gobierno central de coalición de la democracia echó ayer a andar con un remolque cargado de deberes y compromisos por cumplir en la Comunitat Valenciana. La toma de posesión de los 22 nuevos ministros -cuatro de ellos valencianos- pone fin a ocho meses de bloqueo político en los que buena parte de los anhelos y aspiraciones que quitan el sueño a los principales actores del tejido social y económico del territorio se habían puesto en el congelador. Pero el camino todavía está plagado de obstáculos que sortear.
Los representantes de los grandes sectores aguardan las primeras medidas del Ejecutivo a medio camino entre la expectación, la impaciencia y la cautela. Todos llaman al diálogo y son conscientes de la dificultad de que muchos anuncios se plasmen por una suma de factores en la que influyen tanto la compleja ecuación parlamentaria, como las pugnas partidistas o la batalla por el protagonismo mediático. En ese sentido, los presupuestos generales de 2020 son señalados por la mayoría de entidades consultadas como la gran prueba de fuego a partir de la cual podrá medirse verdaderamente el crédito del Gobierno.
«La polarización del arco parlamentario no invita al optimismo. Podremos ser optimistas cuando se aprueben unos presupuestos, fundamentales para generar seguridad y certidumbre», resume el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV). Para Salvador Navarro, en cualquier caso, «es una buena noticia» que haya Gobierno «tras tantos meses en funciones».
El margen de confianza que obtiene el Ejecutivo de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes (Aerte) y la Cámara de Contratistas de obra pública también viene marcado por la validación de las cuentas, que no será fácil. «A un Gobierno debemos valorarlo por sus actos, por lo que en los presupuestos ya podremos ver si se van materializando las promesas y de qué manera», afirma el presidente de la primera entidad. José María Toro aplaude el compromiso del nuevo gabinete de cumplir con la financiación del 50% de la dependencia, pero fija el foco en el gran «desafío» de garantizar los recursos para todas las medidas anunciadas sin descuadrar los ingresos.
Los contratistas valencianos, por su parte, admiten estar esperanzados con el «nuevo enfoque» del Ministerio de Fomento, rebautizado como Ministerio Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, así como con la hoja de ruta trazada para la cartera. El director gerente de la Cámara, Manuel Miñes, eso sí, lo fía todo a que «en el plazo de un mes o mes y medio» los presupuestos de 2020 ratifiquen el compromiso reivindicado por la entidad de destinar a la C. Valenciana un 10% de las inversiones públicas del Estado. Miñes confía en que el ministro Ábalos «retome lo que nunca deberíamos haber abandonado» e invierta sobre todo en «cercanías, logística, puertos y exportaciones». Los contratistas reclaman un Plan de nuevas Infraestructuras de Transporte, un Plan de Conservación de la red viaria -tras años con el gasto bajo mínimos con las carreteras deteriorándose- y un Pacto Nacional por el Agua.
La acogida de las principales organizaciones sindicales es más calurosa, aunque con muchas precauciones que templan el optimismo. «El Ejecutivo no lo tendrá fácil. La consecución de los objetivos comunes y la necesidad de diálogo para impulsar las transformaciones que el país necesita deben ser garantía de racionalidad», sostiene Arturo León, secretario general de CC OO-PV, para quien la reforma laboral, la garantía del sistema de pensiones o la subida del salario mínimo han de ser prioridades absolutas. Su homólogo de UGT, Ismael Sáez, señala la «ilusión» de compartir en gran medida el programa de gobierno en lo social y laboral», pero también refleja «preocupación» por las «tentaciones partidistas» a las que está sujeta toda coalición, que, a su juicio, «deben ser controladas y corregidas».
La división de las áreas de Trabajo y Seguridad Social suscita sentimientos encontrados. Para CC OO, «va a requerir de una especial coordinación», porque «ambas están claramente vinculadas», mientras que para UGT «da la impresión de que Pedro Sánchez se quiere garantizar en el Consejo de Ministros voces que defiendan la ortodoxia económica».
Urgencias universitarias
En el ámbito educativo, la presidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas Valencianas, Eva Alcón, urge a que se produzca una coordinación entre los ministerios de Univerisdades y Ciencia, separados en la nueva estructura. La rectora de la UJI aboga por «sentarse a trabajar cuanto antes» y ruega una interlocución fluida con las universidades para aprobar una nueva ley de universidades, con mucha atención a que se cumpla la promesa de destinar más inversión a innovación e investigación.
Nada optimista con la nueva etapa que se abre es la patronal de centros concertados, Feceval. Su presidente, Alberto Villanueva, se muestra «preocupado» por algunas declaraciones, pero espera que la bandera del diálogo que ondea el Ejecutivo se traduzca en un pacto educativo urgente y en «acuerdos y puntos de encuentro» entre los dos modelos existentes.
La Coordinadora Valenciana de ONGD aplaude la salida del bloqueo institucional y confía en que el Gobierno cumpla con la promesa de destinar el 0,5% de la renta estatal a cooperación internacional antes de acabar la legislatura, a través de un pacto de Estado que consiga que las ayudas al desarrollo sean mucho más eficaces.
Las «muchas coincidencias» entre la agenda social del Ejecutivo y las propuestas surgidas del ámbito vecinal son motivo de elogio por parte de la Confederación de Asociaciones de Vecinos y de Consumidores de la C. Valenciana (CAVE-COVA), que estará vigilante para que el paquete de medidas anunciadas se haga realidad, incluida la reforma de la financiación autonómica. La entidad pide «acciones de gobierno coherentes y cohesionadas» y que se eviten medidas «de carácter mediático y postureo», a tiempo que reivindica más participación vecinal. Una avalancha de tareas pendientes que requieren algo más que tiempo y paciencia para materializarse.
