El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha fijado su mirada en la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de València ubicada en Zapadores. La denuncia presentada por València Acoge sobre las colas de familias esperando días en la calle para conseguir una precita con la que pedir asilo, así como la constatación de que la cita se conceda para seis meses después e incluso un año o año y medio, ha dado sus frutos y el Defensor del Pueblo ha abierto una investigación. Y es que Fernández Marugán quiere saber cuántas personas trabajan en el servicio, a cuántas personas atienden, cuál es la demanda y el porqué de unos retrasos «que tienen consecuencias para los solicitantes de asilo ante la falta de formalización en plazo de sus solicitudes».
El Defensor del Pueblo ya hizo lo propio con las quejas ante el cierre de la información presencial en las oficinas de Extranjería y realizó una serie de recomendaciones «para revisar de manera urgente la aplicación informática de la cita previa de extranjería de la Sede electrónica de Administraciones Públicas, adoptando las medidas técnicas necesarias para garantizar el derecho de los ciudadanos a solicitar y obtener en tiempo y forma una cita». Asimismo, se ha recomendado analizar la suficiencia de las plantillas destinadas a realizar los trámites de extranjería en distintas delegaciones y subdelegaciones del Gobierno -de Madrid, Barcelona, Girona, València, Murcia, Sevilla, Alicante y Palma de Mallorca-, «sin que se deba tomar como única variable los tiempos medios de resolución de expedientes o el número asignado a cada funcionario, sino también ha de comparar el número de citas pendientes o el número de extranjeros en esa provincia con tarjetas de residencia o de solicitud de asilo en vigor».
Un servicio que va a menos
Los solicitantes de asilo solo tiene un punto al que acudir en la provincia de Valencia: la comisaría de Zapadores. Allí deben realizar la entrevista para que ese informe se envíe al Ministerio del Interior, que tarda en resolver una media de dos años. El resto de migrantes que deben realizar cualquier asunto relacionado con la ley de Extrajería (permiso de trabajo, residencia, reagrupación familiar, renovación de permisos...) deben acudir a la sede ubicada en Orriols, tras cerrar una segunda oficina que se abrió en la avenida Constitución para agilizar los trámites.
