La propuesta de Pedro Sánchez de nombrar a la hasta ayer ministra de Justicia, Dolores Delgado, fiscal general del Estado ha desatado un aluvión de críticas y reabierto el debate sobre las puertas giratorias. Impedir que un alto cargo se aproveche de su paso por la Administración para servir a determinados intereses empresariales o en beneficio propio fue uno de los objetivos de la Ley de Incompatibilidades y Conflictos de Intereses aprobada por el primer Botànic.
La norma se consideró muy restrictiva, pero, como ocurre en el ámbito del Estado, no cubre por sí sola el espectro de cargos e instituciones que por sus funciones específicas deberían estar blindados al máximo ante posibles contaminaciones políticas.
La ley valenciana afecta a los altos cargos y limita su paso al sector privado. El tránsito a la privada es la que esta normativa pone bajo vigilancia, pero no está pensada para el trasvase de un cargo público a otro, aunque el nuevo destino sea una institución que, como ocurre con la Fiscalía General del Estado, tenga en su ADN la independencia.
Es el caso de instituciones de autogobierno como la Sindicatura de Greuges o el Consell Jurídic Consultiu. La clave, reflexiona la exdiputada de Podemos y profesora de Derecho, Fabiola Meco, es un cuerpo normativo completo que reduzca la discrecionalidad y preserve su independencia respecto del poder político.
Una regulación más estricta
Y es que el sistema político valenciano tiene fugas y sigue pendiente una regulación más estricta. Es el caso, por ejemplo, apunta Meco, de la Sindicatura de Greuges. Tras la fallida reforma de esta ley que requiere de mayoría reforzada, los requisitos para ser la persona que defiende los derechos de la ciudadanía en la Comunitat son mínimos: condición política de valenciano y ser mayor de edad.
El régimen de incompatibilidades impide al síndic o síndica ejercer cualquier tipo de cargo político o privado, incluso militar en un partido, pero basta con romper el carné o renunciar al cargó un minuto antes de la toma de posesión. No hay que acreditar ni trayectoria ni un periodo de 'oxigenación' de la vida política.
No pasa lo mismo en la Agencia Antifraude nacida en etapa Botànic. Acceder a la dirección general requiere acreditar título universitario y diez años de actividad laboral o profesional relacionada con el ámbito funcional de la agencia. Un requisito que supone un obstáculo importante para una puerta giratoria similar a la de la exministra Delgado.
Isaura Navarro (actual secretaria autonómica de Sanidad y ponente en su día de la ley de incompatibilidades) cree que los nombramientos de determinados puestos en el ámbito de la Justicia es una de las asignaturas pendientes en el ámbito estatal y apuesta por caminar hacia un sistema mixto en el que los méritos limiten la discrecionalidad: «El problema no es que una ministra pase a ser fiscal del Estado sino que la elección lo sea por criterios políticos», señala.
Respecto a las lagunas en el sistema valenciano, Navarro apunta, por el calado de sus decisiones, al Jurídic Consultiu. La ley exige a sus miembros más de quince años de ejercicio profesional o que sean juristas de reconocido prestigio, requisitos que, destaca, no siempre se han cumplido. Con todo, la alto cargo de Compromís echa en falta un régimen de incompatibilidades más estricto.
El estatuto de expresidentes
Por otro lado, la cuestión del estatuto de expresidentes autonómicos es para ambas exdiputadas otra de las grietas del sistema jurídico valenciano ya que permite el paso directo desde la presidencia a un sillón del órgano donde se vela por la legalidad de las normas. El grupo de Podemos la pasada legislatura intentó en vano bloquear esta puerta giratoria. La reforma de esta ley quedó pendiente.
Por su parte, el vicepresidente del Consell, Rubén Martínez Dalmau, rompió ayer el silencio de Unidas Podemos ante la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para la Fiscalía General del Estado. Una decisión que calificó de «fea» y de la que aseveró de forma lacónica: «Yo no lo habría hecho».
