16 de enero de 2020
16.01.2020

El Consell prevé duplicar la vivienda social hasta los 32.000 pisos en 2030

La hoja de ruta diseñada por el conseller Martínez Dalmau prevé invertir 2.200 millones y que los ayuntamientos asuman más competencias

15.01.2020 | 23:23
El conseller Martínez Dalmau presentó ayer el «Pla Hàbitat 20-30».

Es una propuesta abierta, un documento «vivo» que espera las aportaciones de los expertos y de la sociedad civil en aras de tenerlo preparado para el mes de septiembre. Eso sí, el objetivo está claro: cambiar el paradigma de la vivienda en la Comunitat Valenciana duplicando el parque público para llegar a las 32.000 pisos en esta década, apostando por la rehabilitación e incorporando la «transición verde» como una apuesta de futuro. Esas son las líneas generales del «Pla Hàbitat 20-30», que ayer presentó el vicepresidente y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, ante representantes de entidades del sector y colectivos sociales.

En la presentación, Martínez Dalmau estuvo acompañado por la directora del IVE (Instituo Valencian de la Edificación), Begoña Serrano; el secretario autonómico de Vivienda y Función Social, Cesar Jiménez; y la secretaria autonómica de Arquitectura Bioclimática y Sostenibilidad Energética, Laura Soto.

El plan es ambicioso y pretende, de entrada, duplicar el parque público de viviendas hasta alcanzar las 32.000 en el año 2030 con una inversión directa de 2.200 millones de euros en la década . Es una necesidad ante el «alarmante» número de hogares que necesitan apoyo para acceder a una vivienda: 88.000 a finales de 2019, según la cifra dada por la conselleria. Sin embargo, la cifra de pisos sociales es solo una estimación ya que, según Begoña Serrano, «sí tenemos controladas las viviendas que dependen de la Generalitat, pero aún desconocemos todos los pisos propiedad de los ayuntamientos o de las entidades del tercer sector que también deberían incluirse en la gestión del parque público». Por ello, a priori, el reto se centra en duplicar la cifra actual de 16.000 viviendas de interés social (14.000 de la Generalitat Valenciana y 2.000 de municipios y del Tercer Sector).

Gestión municipal

Además, Martínez Dalmau destacó la importancia que van a cobrar los ayuntamientos en materia de vivienda con este plan estratégico. «El nuevo modelo está basado en la municipalización de la gestión directa de la política de vivienda con apoyo y bajo la coordinación de la Generalitat. Los municipios saben qué necesidad de vivienda tienen y son la primera puerta a la que llama el vecino. La gestión debe descansar en los consistorios para que sea más efectiva y debemos buscar la manera de descentralizar la gestión, porque es una anomalía que toda la política de vivienda sea autonómica», explicó.

Para ayudar en la gestión municipal, el plan contampla también la creación de una red de oficinas de vivienda en áreas urbanas de más de 10.000 habitantes y 34 servicios comarcales, para unificar la atención «en una ventanilla única que reúna todos los procedimientos». Además, el plan apuesta por la rehabilitación frente «al modelo de mayor ocupación de suelo». Y es que el 10 % de la vivienda pública requiere de una reforma e integración urbana (unas 650.000 viviendas).

Ahora bien, si hay algo que el nuevo plan asume como un reto es la incorporación de la denominada «transición verde», que implica «cuidar e incorporar las energías renovables en las viviendas y su entorno, así como estudiar cómo modificamos la normativa para potenciar el autoconsumo». Un gran pacto -subrayó- que proporcionará, al menos, 5.000 empleos verdes netos al año en la Comunitat.

En su intervención, Martínez Dalmau puso de relieve la apuesta del Botànic II por situar la vivienda en el centro de sus prioridades. En este sentido, manifestó que «es un compromiso no solo político, sino sino también ético». El vicepresidente hizo alusión al reconocimiento de los derechos humanos como principio rector de toda sociedad democrática, lo que supone, concluyó, «asumir que el disfrute de una vivienda asequible, digna y adecuada es un derecho que debe garantizarse para cada persona».

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