«No se va a aplicar nunca, ya lo verán». El augurio sobre la ley valenciana que regula los grupos de interés lo verbalizó el diputado del PP, Alfredo Castelló, un 21 de noviembre de 2018, el día que el pleno de las Corts dio luz verde a una norma que sobre el papel impulsaba la transparencia en las relaciones entre la Administración y los denominados lobbies. Un año y dos meses después, los hechos parecen dar la razón al grupo popular, el único que votó en contra de una ley que generó y sigue generando muchas reticencias internas.
La ley entró en vigor, pero su aplicación requería la aprobación de un reglamento que especificara cómo ejercer ese control. La herramienta básica es un registro para que todas aquellas entidades que la ley consideraba como grupos de interés (los términos lobby y presión fueron limpiados del texto) se dieran de alta. Era la condición para poder reunirse con los altos cargos, quienes, además, estaban obligados a hacer públicos todos sus encuentros.
En marzo de 2019, el entonces conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, inició el proceso para la aprobación del citado reglamento, pero diez meses después el expediente todavía no se ha completado. El decreto pasó por el trámite correspondiente de audiencia pública y alegaciones, y según fuentes del departamento que ahora dirige Rosa Pérez, aún está pendiente del informe de la Abogacía de la Generalitat y de su remisión al Consell Jurídic Consultiu (CJC). Añaden que esperan tener pronto el informe de los servicios jurídicos, aunque no hay fecha para que pase por pleno.
La ralentización a la hora de aplicar la ley tiene razones objetivas (el procedimiento administrativo es farragoso y ha habido un relevo al frente del departamento impulsor) si bien diferentes fuentes admiten que, una vez se aprobó la ley, su aplicación nunca ha estado entre las prioridades del Consell. La ley se fue descafeinando conforme avanzó su tramitación, pero aun así, nunca ha despertado entusiasmo. De hecho, departamentos de un color u otro plantearon decenas de alegaciones, tratando, de que las entidades de su ámbito de actuación quedaran fuera de este registro. ¿Quién va a querer darse de dar de alta como lobby?, reflexiona un alto cargo.
La aplicación encierra además complejidades técnicas. El propio informe de impacto económico habla de la necesidad de una aplicación informática que haga posible el alta en el registro, así como de personal técnico que lo gestione y fiscalice la información allí depositada. Solo en personal, se necesitan cuatro nuevas jefaturas con un coste aproximado de 190.000 euros. Presupuestos advierte en su informe de que los presupuestos de 2020 carecen de dotación suficiente para los crear los puestos y la Dirección de Nuevas Tecnologías informó de que tardarían más de nueve meses en desarrollar la aplicación necesaria, un plazo que empezará a contar cuando la conselleria lo solicite formalmente. El último informe, de Función Pública, aunque favorable, introduce numerosas observaciones y dudas de tipo competencial sobre el órgano sancionador.
