El movimiento feminista de València se enfrenta a veinte procesos sancionadores derivados de las 20 multas que se registraron en la huelga feminista del 8 de marzo de 2018 y 2019, de las cuales tres ya han sido resueltas por la vía administrativa, y se abre ahora la vía judicial.
En total, el valor de estas veinte multas asciende a 11.000 euros, amparadas bajo la conocida como ley mordaza, por presuntas faltas de orden público durante las jornadas de huelga feminista, según informó el movimiento en un comunicado.
Tras más de un año haciendo alegaciones y denunciando que estas multas «atentan contra el derecho de huelga y manifestación» durante una huelga «legalmente convocada y desarrollada pacíficamente», las feministas tendrán que enfrentarse a los primeros juicios, previsiblemente antes del verano.
«La represión política por parte del Estado hacia el movimiento feminista continúa por un camino que nunca tendría que haber empezado, dado que la expresión reivindicativa del 8M fue absolutamente pacífica, como cada año lo son las manifestaciones del 8 de marzo», manifestaron.
Las feministas señalan a la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana y a su titular, Juan Carlos Fulgencio, como principales responsables de que se haya llegado a esta situación.
