Jorge Rodríguez ha rearmado su defensa para evitar el juicio del caso Alquería y mantenerse en la alcaldía de Ontinyent. La investigación por la contratación irregular de dirigentes del PSPV y Compromís en la empresa pública Divalterra, antigua Imelsa, está prácticamente agotada y el magistrado-instructor ultima el auto por el que dará fin a la fase de instrucción y describirá la conducta delictiva por la que deberán ser juzgados los investigados.
Rodríguez se enfrenta a los presuntos delitos de malversación y prevaricación en relación a la contratación de diversos cargos públicos en Divalterra por valor de más de un millón de euros pese a los informes que advertían de la ilegalidad. Desde las defensas insisten en que quedará acreditado que no hubo una malversación, pero temen una condenada por prevaricación que implicaría la prohibición de ocupar cargos públicos en la administración.
Por ello, el exdirigente socialista, que sigue negando los hechos por los que fue detenido y puesto en libertad provisional en junio de 2018, ha actuado en los últimos días para evitar una condena que le inhabilitaría para ocupar cualquier cargo público y le impediría seguir siendo alcalde de Ontinyent.
Según consta en la documentación entregada en el juzgado, a la que ha tenido acceso el periódico Levante-EMV, Rodríguez ha aportado esta semana al juzgado once documentos correspondientes al pago de nóminas de los trabajadores de esta sociedad pública, incluidos los siete contratos de alta dirección que son objeto de investigación y que eran presentados al consejo de administración correspondiente para su aprobación.
Los documentos aportados por Rodríguez corresponden a diversos informes del area de Recursos Humanos de Divalterra y se presentaron en las reuniones del consejo, «en los que actuaba como secretario el propio denunciante José Luis Pellicer, y a los que no se opuso ninguno de los consejeros, ni el propio secretario advirtió de ninguna irregularidad, siendo además, que los siete contratados asistieron a numerosos consejos de administración para dar cuenta de su gestión», puntualiza Rodríguez en su escrito.
La defensa del alcalde de Ontinyent razona que «el secretario del consejo de administración tiene como objetivo garantizar la corrección de los procedimientos y el cumplimiento de la normativa establecida». Además, recuerda que «en base a lo dispuesto por el artículo 529 octies de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), es responsabilidad del secretario velar por que las actuaciones del consejo se ajusten a la normativa aplicable y sean conformes con los estatutos sociales y demás normativa interna».
En este sentido, Rodríguez subraya que «nadie, ni el área de recursos humanos, ni el área jurídica, ni el auditor, interno o externo, y mucho menos, el propio secretario del consejo de administración, que en este procedimiento actúa como denunciante, informó al consejo, y menos aún a su presidente, mi representado, que la contratación de siete personas en las distintas áreas resultantes de la reorganización de la empresa, pudieran incurrir en alguna irregularidad».
Sin perjuicio económico
Por otra parte, el expresidente de la Diputación de València ha aportado un informe pericial, emitido por el economista José Andreu, que concluye que «del análisis de las cuentas anuales auditadas de Divalterra correspondientes a los ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018, así como de la evolución de sus presupuestos, se puede concluir que la gestión del órgano de administración ha perjudicado económicamente a dicha entidad».
Al parecer, dicho informe, que consta de 20 páginas y un anexo, concluye que «la gestión del órgano de administración y su presidente Jorge Rodríguez no ha perjudicado económicamente a la entidad Divalterra».
Según traslada la defensa de Rodríguez, «a lo largo de dicho informe se desarrollan los motivos que justifican esta conclusión, señalando que se observa una reducción importante de los costes (personal y explotación) registrados por la sociedad, lo que supone un importante beneficio para la administración pública (socio único de Divalterra, S.A.) al verse reducidas las necesidades de financiación (subvenciones) de la entidad participada».
El alcalde de Ontinyent ha pedido al juez que cite al perito José Andreu para que ratifique este informe. Según fuentes judiciales, el magistrado aún no ha tomado una decisión.
La Fiscalía Anticorrupción sigue manteniendo el mismo criterio respecto a los investigados y probablemente se opondrá a la práctica de estas diligencias. La Policía ha confirmado en un segundo análisis las irregularidades y los informes sitúan a Jorge Rodríguez al borde de la apertura de juicio oral por el caso Alquería.
