La Conselleria de Sanidad confirmó ayer que está trabajando en el decreto que hará posible tanto revertir a manos públicas la gestión de las resonancias en los 16 hospitales públicos donde está externalizada como asumir a la plantilla de trabajadores de la UTE Erescanner, gestora privada del servicio desde 2008, tal como hizo en su día con los trabajadores de la Ribera.

La Administración informaba de este extremo confirmando parte de una información publicada ayer por El Mundo en la que se avanzaba que Sanidad había reunido a los responsables de los hospitales implicados para trasladarles directrices sobre el inicio de la reversión «en la que no se ha parado de trabajar». Fuentes de Sanidad confirmaron que, efectivamente la reunión se celebró y que se está trabajando en el decreto para hacerlo posible y asumir a la plantilla pero sin concretar fechas.

Sanidad se ratifica así en lo que ya trasladó el pasado mes de marzo a los directivos de la UTE Erescanner, gestora de las resonancias. En aquella reunión confirmó que se iba a hacer cargo de los 111 trabajadores que, entonces, había en plantilla. De esta forma, los empleados de la unión de empresas podrán mantener en sus puestos.

El pasado mes de marzo se desconocía, sin embargo, si se iba a utilizar la figura de personal laboral a extinguir que ya se aplicó con los trabajadores de Alzira o se optaría por la creación de una empresa pública, tal como apuntó en su día el Consell Jurídic Consultiu. Sanidad no aportó ayer datos sobre este extremo.

Sin contrato desde octubre de 2018

Cabe recodar que el contrato de las resonancias con la UTE Erescanner (formada por Eresa, Inscanner, Beanaca y Ribera Salud) expiró en octubre de 2018. La administración optó por retrasar la ejecución de la reversión ya que ni estaba claro el futuro de los trabajadores (la fórmula de Alzira presentaba dudas jurídicas), ni se había formalizado el nuevo contrato para aquellas pruebas que la pública tenga que derivar y no podrá asumir (y que también hará ahora parcialmente Eresa tras ganar el concurso).

La conselleria y la UTE deben cuantificar ahora cuánto supondrá que Sanidad se quede con los equipos de resonancia instalados aunque el acuerdo no debe presentar problemas ya que el contrato firmado en su día ya preveía esta posibilidad. Además, la pública podrá empezar a trabajar ya con los nuevos equipos «extra» comprados gracias a la donación del magnate textil Amancio Ortega.