El Tribunal Constitucional deberá decidir si la dedicación exclusiva que estableció la Conselleria de Sanidad para sus jefes de sección y servicio a través del cobro de un complemento salarial en la ley de presupuestos de 2017 vulneró o no algún precepto constitucional. Lo hará después de admitir a trámite una cuestión de inconstitucionalidad planteada por el juzgado de lo Contencioso-Administrativo 8 de Valencia, que se inhibe así del proceso hasta que el Alto Tribunal se pronuncie.

La exclusividad de los jefes de sección y servicio fue una de las medidas de organización de Recursos Humanos más relevantes que puso en marcha la exconsellera y exministra Carmen Montón tras su llegada al Botànic. En su día, defendió que los responsables de equipos de los hospitales no podían «partir» su jornada entre la pública y la privada y aprovechó la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2017 para establecer que todos los que ocuparan en la pública estos cargos o equivalentes recibieran en sus sueldos un complemento específico de tipo B a cambio de que su dedicación a la pública fuera «exclusiva». Este es el añadido a la ley 14/2016 (la disposición transitoria 33.1) sobre la que el Constitucional deberá pronunciarse tras plantear el juzgado valenciano la cuestión ante el Alto Tribunal invocando la presunta vulneración de los «artículos 66.2 y 134.2 de la Constitución Española».

Desde la Conselleria de Sanidad defendieron, precisamente, que tras aprobarse esta ley de presupuestos, se aprobó el decreto 192/2017 que es el que ha regulado la forma de acceso a las jefaturas de sección y servicio, el cobro de complementos y la dedicación exclusiva y que la admisión a trámite por parte del TC ni suponía que se entrara ya a valorar «el fondo del asunto» ni que se suspendiera su aplicación.

Por lo tanto, habrá que esperar a la resolución del Alto Tribunal y, entonces sí, de ser contraria a los intereses del Botànic, «supondría la nulidad de la norma por ser contraria a la Constitución», según confirmaron fuentes de la Generalitat. Con todo, el proceso, pone en entredicho una de las grandes medidas organizativas de Carmen Montón o, al menos, la manera en que se arrancó su puesta en marcha, aprovechando una ley de acompañamiento de presupuestos y no desarrollando un decreto ley propio, que vino después.

Cabe recordar que el sindicato CSIF también llevó a los tribunales la dedicación exclusiva de los jefes de sección y servicio aunque, en este caso, el proceso judicial no pasó del Tribunal Superior de Justicia de la C. Valenciana.