Un pequeño cambio terminológico introducido en la normativa ha despejado el camino para la resolución del conflicto que mantenían el Gobierno y la Generalitat a cuenta de la Ley de Mancomunidades. En el tercer consejo de Ministros de la legislatura, el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez cumplió ayer lo prometido y autorizó la retirada del recurso interpuesto ante el Tribunal Constitucional contra la regulación autonómica que el Consell aprobó en las Corts en 2018.
La decisión entronca con el nuevo marco de diálogo brindado por Sánchez a las autonomías, en un clima de desconfianza de algunos territorios por las posibles concesiones a Cataluña. La ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, hizo especial hincapié ayer en que la solución al litigio se había hallado en el seno de la comisión bilateral con el gobierno valenciano, incidiendo en la apuesta del Ejecutivo Central por la vía de llegar a acuerdos con las comunidades al margen de los tribunales para evitar la judicialización de la política.
El motivo de la discordia inicial era un punto incluido en la ley valenciana que abría la puerta a dotar a las mancomunidades de competencias en materia de Policía Local, una posibilidad que colisionaba con la doctrina constitucional. En verano, las dos partes alcanzaron un pacto en virtud del cual el Botànic aceptó modificar la normativa a través de una disposición adicional a la Ley de Acompañamiento de los presupuestos de 2020. La reformulación acordada mantiene la opción de que los ayuntamientos puedan compartir recursos para asociar sus cuerpos de Policía Local, pero mediante la constitución de agrupaciones específicas de municipios. Una vez aprobado en las Corts el cambio, el Gobierno ha desistido del recurso ante el Constitucional.
Conflicto «finiquitado»
El director general de Administración Local, Antoni Such, subraya el entendimiento y limita la modificación a una cuestión de «terminología» que no impedirá el objetivo de optimizar los recursos en los municipios con pocos recursos. «La posibilidad de agrupar las policías locales supone un ahorro muy grande y permite mejorar de manera importante la coordinación y la seguridad en los pueblos pequeños», señala Such, que ve «finiquitado» el conflicto judicial por la normativa. En septiembre, el Constitucional rechazó un recurso anterior del PP que no aludía a la cuestión de la Policía Local.
