El accidente del metro era previsible y evitable porque «los acusados, miembros del Comité de Seguridad en la circulación con poder de decisión, no previeron la limitación de velocidad de forma mecánica en la curva de autos. Tampoco a lo largo del túnel se instaló ni reprogramó baliza alguna que garantizara la velocidad a 60 km/h, lo cual debe ser considerado como una infracción muy grave pues, si esa velocidad hubiese quedado garantizada, las posibilidades de descarrilamiento, según los expertos, son mínimas», aseguraba la Fiscal Adoración Cano en su escrito de acusación previo al juicio del accidente del metro.
Y este es uno de los argumentos que admiten implícitamente cuatro de los exdirectivos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) acusados por este siniestro que han reconocido los hechos, en un acuerdo alcanzado entre las acusaciones y las defensas con la Fiscalía Provincial de València, según ha podido confirmar Levante-EMV.
La autoinculpación de cuatro de los acusados supone la axculpación de los otros cuatro procesados por el accidente del metro del 3 de julio de 2006, en el que fallecieron 43 personas y otras 47 resultaron heridas.
Los cuatro exdirectivos que admiten los hechos son Vicente Contreras, exdirector adjunto de Explotación de FGV y mano derecha de la exgerente Marisa Gracia, mientras estuvo al frente de la empresa ferroviaria; Francisco García Sigüenza, exdirector técnico y número tres de la empresa; Sebastian Argente (jefe de la Línea 1) y Juan José Gimeno, exresponsable de Auditoría para la Seguridad y Circulación. Los cuatro acusados aceptan una pena de un año y diez meses de cárcel y una inhabilitación de tres años para ejercer cargos directivos en empresas ferroviarias.
Sin ejecución de la sentencia
La condena no se hará efectiva porque forma parte del acuerdo entre acusaciones y defensas no pedir la ejecución de sentencia para que entren en prisión aunque sea a cumplir una mínima pena de cárcel, según ha podido saber Levante-EMV. Tampoco la inhabilitación a los tres exdirectivos tendrá consecuencias para ellos.
Contreras y García Sigüenza se prejubilaron cuando FGV aprobó expediente de regulación de empleo (ERE) en 2012. Gimeno Barberá se jubiló el año pasado. Y únicamente Sebastián Argente sigue trabajando en FGV, aunque tras ocupar la jefatura de la Línea 1 y la del tranvía, actualmente ejerce de técnico de formación, sin responsabilidad directiva.
Los hechos admitidos por los cuatro imputados son un delito contra los derechos de los trabajadores (por el fallecimiento del maquinista y la interventora del tren en el siniestro) junto a cuarenta y tres delitos por homicidio imprudente y otros 47 de lesiones por imprudencia, agravados por ser imprudencia profesional, en el ejercicio de sus funciones en FGV, según el escrito de acusación que presentó la Fiscalía.
Al asumir los hechos cuatro de los imputados, los otros cuatro procesados serán absueltos. De esta manera, quedan eximidos de de cualquier responsabilidad respecto al accidente del 3 de julio los otros cuatro exdirectivos acusados: la exgerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), Marisa Gracia (que evita por segunda vez un juicio), Luis Miguel Domingo Alepuz (jefe de talleres de València Sud y el que borró la caja negra al leerla), Manuel Sansano exdirector de Operaciones y Francisco Orts, responsable de la dirección de estudios y proyectos, el departamento sobre el que recayó la supervisión de los trabajos de instalación del sistema de frenado automático puntual (FAP), bajo la férrea tutela de Contreras y García.
