El 26 de enero de 2016 la Guardia Civil desplegaba a un centenar de agentes en la Comunitat Valenciana para desmantelar la presunta «organización criminal» del PP valenciano. A las 08:00 de la mañana una unidad policial irrumpía en el domicilio de Alfonso Rus en Xàtiva. A esa misma hora, otro dispositivo detenía en València a Mari Carmen García-Fuster, la mujer que durante años manejó las finanzas del grupo municipal popular en el Ayuntamiento.
Hoy hace cuatro años que la Operación Taula sacudió la política valenciana. El despliegue policial no tenía precedentes. El juzgado de Instrucción 18 de València había ordenado la detención de 24 personas en una operación coordinada por el juez Víctor Gómez y la Fiscalía Anticorrupción.
Este es el caso de corrupción con más imputados que se instruye en la Comunitat Valenciana y ha acabado empantanado en el juzgado por su dimensión y complejidad cuatro años después de la operación policial. Los juzgados ordinarios no están preparados para abordar unas tramas tan complejas, con una sobreexposición mediática añadida por la dimensión política de los investigados y la gravedad de los hechos que se investigan.
Cuatro años después de aquella operación policial, todas las piezas separadas de la Operación Taula siguen abiertas y ninguna está lista para ir a juicio pese al tiempo transcurrido. Al menos dos de ellas continúan secretas y la Guardia Civil sigue redactando informes y practicando interrogatorios para apuntalar las acusaciones.
Cada vez que el juzgado toma declaración a un investigado, los agentes elaboran otro análisis para desmontar su versión. La persistencia de la Guardia Civil y la profundidad de esos informes ha permitido llegar a hechos que se desconocían o que no formaban parte de la denuncia inicial, como el hallazgo fortuito de los papeles que acabaron con la detención del expresidente Eduardo Zaplana. Se está intentando apuntalar la investigación, pero lo cierto es que está costando mucho de asegurar.
La pieza más avanzada es la de los contratos zombis de la empresa pública Imelsa, el punto de partida de la trama. Desde 2018 estos hechos están listos para ir a juicio e incluso varios de los investigados ya han mostrado su intención de pactar con el ministerio fiscal y reconocer que tenían un sueldo público sin trabajar para la administración. Hasta el empresario José Adolfo Vedri, propietario del grupo de comunicación Engloba, ha depositado dinero en la cuenta del juzgado para obtener beneficios en el resto de acusaciones que penden sobre él. Pero nada se sabe del auto que iniciará el camino para llegar a la vista oral y no hay una previsión a corto plazo, admiten desde las partes.
Tampoco se ha practicado ninguna diligencia desde 2018 por el presunto delito de blanqueo de capitales que el sumario atribuye a medio centenar de cargos del grupo municipal en el Ayuntamiento de València y por el que el PP a nivel nacional sigue imputado como persona jurídica. Se está a la espera de que finalicen las diligencias sobre el origen de ese dinero presuntamente ilícito.
La primera declaración que se tomará sobre estos hechos desde 2018 será el próximo 14 de febrero a dos excargos del PP local que podrían cambiar su declaración y admitir los hechos. Esta investigación, que llevó a Rita Barberá ante el Tribunal Supremo (TS), es la que más retrasos acumula. Hace aproximadamente un año que no se notifica ninguna resolución.
Esta circunstancia ha conseguido algo inaudito en un procedimiento penal, poner de acuerdo a las defensas y las acusaciones. En octubre, Compromís presentó un escrito al juzgado en el que pedía que, aún siendo conscientes de la enorme complejidad de la causa, para evitar causar dilaciones indebidas, que también afectan al derecho de la acusación popular, se diera a la causa el oportuno impulso procesal. No obtuvo respuesta ni la acusación popular ni las defensas que previamente habían solicitado el archivo.
Tal es el retraso que la exconcejal Beatriz Simón se dirigió al Defensor del Pueblo porque el juzgado no resuelve sus escritos. El derecho a un procedimiento sin dilaciones indebidas podría acabar beneficiando a las defensas.
