«La familia ha solicitado un abogado de oficio y hasta que se adjudique uno, lo normal es que se paralice el desahucio. Pero en este caso no ha sido así. La suspensión está pedida, pero de momento la fecha de lanzamiento continúa. De hecho, también hemos instado al juzgado a que solicite a Servicios Sociales un informe sobre la situación de vulnerabilidad de la familia, pero de momento el desahucio sigue en marcha». Así lo aseguran desde la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) València, tras estudiar el caso de una familia con tres niños pequeños (7 y 3 años, y un bebé de 7 meses) que tiene una fecha de lanzamiento para dentro de dos días (30 de enero), tal como publicó ayer Levante-EMV.

El tiempo se acaba y los nervios aumentan. La familia, víctima de una estafa, solicitó el pasado 16 de enero un abogado de oficio ante el proceso de desahucio que tiene en marcha. Necesitan abogado y procurador. Ayer, poco antes de las 14 horas, la familia recibió el siguiente mensaje de Juzgados, vía teléfono móvil: «En relación a su solicitud de asistencia jurídica gratuita le comunicamos que le ha sido designado procuradora. Dicha asignación deberá comunicarla a su letrado». «¿Qué letrado? Aún no sabemos quién es nuestro abogado de oficio», explica Issam, algo aturdido por la repercusión de su caso.

Y es que el suyo no es un desahucio cualquiera. La familia, víctima de una estafa, teme quedarse en la calle, con sus tres niños pequeños. Y es que tal como publicó ayer este diario, Issam y Amina firmaron un contrato de alquiler de una vivienda de apenas 60 m2 y tres habitaciones en el barrio de San Marcelino, por 250 euros al mes. Pensaron que el precio era barato porque la vivienda estaba en pésimas condiciones. El supuesto propietario (que resultó ser un estafador) tenía llaves del piso, anunciaba la vivienda con carteles en el barrio y no levantó sospecha alguna.

De buena fe

Sin embargo, a los pocos meses de mudarse -tras pintar la vivienda y hacer obras de mejora- una vecina les puso en alerta al explicarles que ese piso solo tenía un dueño y era un banco. La pareja se personó en la sede de la entidad bancaria para ver si, efectivamente, el inmueble constaba registrado como suyo. Así era. En cuanto la pareja comprobó el engaño interpuso una denuncia. El estafador está en busca y captura y cuando lo encuentren, si aparece, se abrirá un proceso penal. En paralelo, sin embargo, lo que sí ha avanzado es el desahucio porque la casa es propiedad del banco, que ha reclamado su «posesión». Ahora bien, durante el proceso judicial en marcha por el desahucio no se aborda que la familia fue estafada. Eso es, otro asunto, que va «por vía penal».

La PAH no ha dudado un minuto en ayudar a esta familia. Trabajan con ellos diferentes fórmulas para intentar que el juez paralice el desahucio de una familia que ha sido víctima de una estafa. «Este caso clama al cielo porque es la propia familia quien avisa la banco con toda la buena intención. Y ahora se ven en la calle con tres niños pequeños. Esto no se puede consentir», recalcan.