El veto parental no es "un problema real"

Así lo explican desde la Federación de Asociaciones de Centros Educativos Públicos de Educación Infantil y Primaria (Fedeip). Su presidente, Vicente Mañes, considera en declaraciones a Levante-EMV, que se trata de «una cortina de humo para tapar temas educativos más importantes», pues recuerda que las familias ya tienen poder de decisión en los centros educativos: participan en los consejos escolares y cuando se matricula a los menores, se aprueba la programación de los centros e institutos, apunta.

Por esto, los directores consideran que la escuela pública «ya tiene este tema resuelto desde hace mucho tiempo» y que el conocido como pin parental «no es un problema real» sino un «detonador para que empiecen a surgir movimientos de protesta ideológicos» contra la escuela pública.

Precisamente, el sindicato Stepv -mayoritario en la enseñanza valenciana-, ha llamado a una «movilización social a favor de la escuela pública». Para esto, solicitaron en un comunicado «la coordinación de la comunidad educativa -profesorado, personal de administración y servicios, alumnado y padres y madres- las plataformas y las mareas por la escuela pública, el movimiento sindical, los partidos políticos y todas las personas comprometidas», en defensa de una escuela que «eduque en valores, forme ciudadanos y ciudadanas críticos» y sea «inclusiva, equitativa, compensadora, coeducativa, democrática y respetuosa con las lenguas y culturas territoriales».

Desde Stepv hacían este llamamiento tras criticar que «hay voces que pretenden instrumentalizar la educación» y piden un «trabajo unitario» para «centrar el debate educativo» en los temas «realmente importantes», como la derogación de la Lomce. Además, piden que la Fiscalía General del Estado «actúe de oficio».

No es el primer sindicato que denuncia públicamente el pin parental. Otros, como CC OO, también se han posicionado en contra.

Escrito de la conselleria

En noviembre, la Conselleria de Educación se mostró contraria a «propuestas que buscan la polémica para ganar notoriedad pública a costa de los derechos del alumnado». De hecho, el conseller Vicent Marzà ya ha reiterado en varias intervenciones que defenderán al profesorado y no permitirán que «el odio entre en las aulas».

A pesar de que desde la conselleria aseguran que no tienen constancia de casos en los que las familias hayan censurado alguna actividad -como confirman desde Fedeip-, la Generalitat cuenta con «un mecanismo para proteger la tarea pedagógica del profesorado». Se trata de un nuevo protocolo que marca que, si un centro recibe una petición, esta será elevada a las direcciones territoriales de Educación, departamento que contestará a las familias a través de un documento. En él, se detalla que el «pin parental» vulnera los derechos de los menores que -a pesar de la patria potestad- son sujetos de derechos reconocidos por tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos o la Convención de Derechos del Niño, ratificados por España.

Asimismo, el escrito de la Generalitat aclara que se trataría de un «derecho a una objeción de conciencia encubierta» que «no es aplicable en el ámbito de la educación». «El ordenamiento jurídico no permite someter a ninguna autorización previa de los padres o madres los contenidos curriculares o de la programación general», apunta el texto, al tiempo que recuerda la jurisprudencia existente al respecto y que la educación tiene como objetivo «el pleno desarrollo de la personalidad en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales», todo ello «valores que asume la Constitución». En resumen, recuerda que es «deber del estado garantizar una educación en el respeto a los principios democráticos de convivencia».

Cabe recordar que el pin parental» propuesto por la extrema derecha de Vox y entidades afines, como Hazte Oír, ha sido visto con buenos ojos por Ciudadanos y el PP, pero rechazado por Escuelas Católicas. La federación considera que «no es en sí mismo ilegal», pero cree «innecesaria su exigencia con carácter general si los padres conocen y aceptan» los proyectos educativos de los centros, ya que, avisan, «podría introducir una enorme complejidad a los centros» que realizan «gran amplitud» de actividades.