La apuesta de Presidencia por la abolición de la prostitución sumó ayer una nueva voz. La consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Gabriela Bravo, planteó un control «más estricto» de los clubes de alterne ante el convencimiento de que la prostitución es sinónimo de «esclavitud». Bravo se expresó así durante su conferencia en Nueva Economía Fórum cuando desde el público se le inquirió por la iniciativa de Puig de explorar las opciones legales para trabajar en el ámbito autonómico por la abolición de la prostitución.
Tal como adelantó este diario, Puig ha pedido informes para tratar de dar pasos en este sentido, 'deberes' que dependen en buena medida del Gobierno central (que tiene las competencias) y que puso encima de la mesa en su conferencia del lunes en Madrid. Bravo, que se proclamó abolicionista, dejó claro que no cree en la regulación de la «explotación sexual». «Debemos ser mucho más estrictos en el combate y se puede hacer mucho, empezando por ser mucho más estrictos en el control de los lugares de alterne que rodean las ciudades y que sirven de acomodo para los traficantes y de refugio para todas esas mujeres cuya vida han secuestrado», indicó.
Deberíamos empezar a controlar más qué se ejerce y a qué actividades se dedican y establecer una normativa mucho más estricta». La prostitución en España es alegal (no la trata y la explotación sexual, que está penada), un vacío que permite la proliferación de casas de citas y clubes que en muchos casos tienen licencia de hostería. El debate sobre la regulación de los clubes lo reabrió recientemente la sección primera del TSJ que dictó una sentencia en la que ordenaba el cierre inmediato de la actividad de un burdel clandestino. La sala añadió que «sería muy razonable que se regulara legalmente, en todos sus sentidos, un fenómeno tan extendido».
Arropada por miembros del Consell (no asistió el jefe del Consell ni la vicepresidenta Mónica Oltra) y por representanes del mundo empresarial, sindical y judicial, Bravo dedicó buena parte de su discurso a hablar sobre violencia de género, una competencia que comparte con Igualdad y que en su momento generó un rifirrafe a cuenta de la apertura de la Oficina de Denuncias contra la Violencia de Género.
En su reflexión sobre cómo luchar contra esta lacra social, Bravo reivindicó una asignatura obligatoria de igualdad de género en las escuelas. Una idea que enfrentó al «veto parental» de Vox precisamente para poner trabas a que determinados talleres, entre otros los relacionados con la igualdad de género, se impartan en los centros educativos. «Ni todos los códigos penales, jueces, fiscales y policías que logremos reclutar podrán terminar con esta vergonzosa realidad sino educando a nuestros jóvenes en igualdad», señaló.
Comunidades como Asturias, Castilla-La Mancha y Galicia han implantado asignaturas de libre configuración sobre igualdad de género. En la Comunitat no existe una asignatura como tal, aunque el plan director de coeducación contempla herramientas para implantar la perspectiva de género en las escuelas. La Conselleria de Educación indicó que se aplican medidas de forma transversal en las materias y espacios del centro escolar y precisaron que en el futuro ya se concretará cuáles son las asignaturas más adecuadas para organizar el currículum escolar.
Bravo arrancó su discurso con una reflexión sobre el valor del diálogo y el consenso en la política y anunció la remisión «inminente» a las Corts del proyecto de ley de función pública, que incluirá el requisito lingüístico para el acceso. Bravo se refirió al nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general. Defendió su «incuestionable» currículum y deslizó una crítica al recordar las advertencias del Tribunal Europeo que apelan a garantizar la apariencia de imparcialidad.
