El Botànic II no tiene previsto sumarse al frente de comunidades que van a llevar al Gobierno a los tribunales para reclamar la liquidación del IVA correspondiente al último trimestre del año 2017. La ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero, avanzó esta semana que no va devolver los 2.500 millones de euros adeudados a a las autonomías pese a haberse comprometido a ello, aduciendo que ese montante «no existe» por el ajuste de contabilidad nacional de hace dos años, con lo que la medida -a su juicio- «ha decaído». Esta decisión ha generado en un goteo de anuncios de reclamaciones judiciales por parte de diferentes gobiernos autonómicos.
La «guerra del IVA» trasciende de la barrera partidista, puesto que, además de Cataluña, Andalucía, Madrid y Galicia, también han comunicado su intención de seguir esta vía los presidentes socialistas de Aragón y Castilla-La Mancha, Francisco Javier Lambán y Emiliano García Page.
Ayer, la vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, reiteró que la Generalitat va a «reclamar» y «reivindicar» al Gobierno central que «arregle la fechoría» del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y pague los 281 millones que adeuda a la Comunitat Valenciana del IVA de 2017, pero, a preguntas de este diario, no se pronunció sobre la posibilidad de imitar a otras comunidades acudiendo a los tribunales. Oltra dijo que el gobierno valenciano tiene «toda la legitimidad» para exigir el dinero, insistiendo en que fue el Gobierno de Mariano Rajoy el que no lo abonó.
El PP acudirá a la vía judicial
Por su parte, la presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, anunció ayer que la próxima semana llevarán al Gobierno central a los tribunales para que «devuelva el dinero que corresponde a los valencianos» de la liquidación del IVA. Así lo avanzó Bonig en las jornadas interparlamentarias del PPCV, en las que intervino junto a la portavoz en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, y otros dirigentes populares del ámbito nacional, autonómico y provincial. Bonig recordó que el Gobierno de Pedro Sánchez «dijo que iba a pagar el IVA» y exigió una reunión con la ministra en la que se fijen unos plazos de pago.
También reprochó a los «grupos de la izquierda» de las Corts que no firmaran una iniciativa con este objetivo y advirtió de que la Comunitat «acumula la mitad del déficit de España y no es una herencia del PP». Esto demuestra, a su juicio, que «hay una escalada peligrosa contra el Estado de Derecho».
