«En ningún caso se negó la asistencia. El paciente pasó el triaje y fue reconocido en enfermería, donde no identificaron ninguna urgencia vital. En cualquier caso, la familia estaba advertida expresamente desde el pasado mes de diciembre -la última ocasión en la que fue atendido el paciente- de la necesidad de abonar cuidados anteriores para poder volver a requerir los servicios del hospital». Esta es la respuesta del hospital a Levante-EMV tras la denuncia de la mujer. Sin embargo, desde la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana, Vicente Inglada califica de «preocupante» que «usuarios de la sanidad ya sea pública o privada critiquen que se valoren más los trámites administrativos que la atención sanitaria. Es un caso claro de delito de omisión del socorro en el que se se ha priorizado una cuestión económica. Los protocolos de determinadas empresas no pueden estar por encima de los derechos de las personas. Esperamos una investigación política y que se revisen estas maneras de actuar».