«No hay conflicto». La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, limitó ayer el último enfrentamiento que ha sacudido los cimientos del Botànic II a una «cuestión procedimental» puramente «técnica», que se resolverá «de manera inminente» en menos de una semana.
La consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas evitó la confrontación con el PSPV a cuenta del anteproyecto de la Ley de Función Pública. La Consellera de Justicia que dirige Gabriela Bravo lo presentó para que se acordara en el pleno del viernes, pero Compromís lo impidió tras las discrepancias surgidas sobre el reglamento que ha de regular el requisito lingüístico para el acceso de los funcionarios a la Administración. Fue la mano derecha de Oltra en el «consellet» del jueves, Alberto Ibáñez, quien verbalizó la posición de la coalición valencianista aduciendo que no había un acuerdo cerrado para implementar la capacitación lingüística.
La decisión ha levantado ampollas en Justicia porque, según fuentes del Consell, había entendimiento con la Conselleria de Educación para elaborar dicho reglamento en una comisión interdepartamental cuyo borrador debería tener el visto bueno de la dirección general de Política Lingüística, en manos de Compromís. De ahí que, en un sector del Gobierno, se interprete lo sucedido como un golpe de autoridad de Oltra frente a Marzà y Bravo, con quien ha mantenido agrios desencuentros.
En el entorno de la vicepresidenta niegan esta versión y la dirigente no quiso ayer ahondar en los pormenores. «Tengo la buena costumbre de no comentar especulaciones ni fuentes anónimas», respondió en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell. Oltra sí admitió que, a falta de cerrar un «fleco técnico», existe un «acuerdo de fondo» desde 2018 sobre «lo prioritario y fundamental», que, a su juicio, es «garantizar el derecho de la ciudadanía a relacionarse con la administración en la lengua oficial que elija». En la misma línea, la Conselleria de Educación recalca ese entendimiento a falta de «ajustar» el procedimiento. El departamento que dirige Vicent Marzà quería participar en el decreto de la Ley de Función Pública, una cuestión que Justicia declinó reivindicando sus competencias.
La ley sigue aparcada a la espera de tramitación cuatro años después de comenzar a redactarse. Aunque la misión de la norma es transformar y modernizar la administración bajo una nueva arquitectura, la división que genera entre PSPV y Compromís el grado de flexibilidad en la aplicación del requisito lingüístico retrasa su aplicación. La ley obliga a redactar un reglamento para regular la exigencia de un determinado nivel de valenciano en virtud de cada puesto funcionarial.
En la anterior legislatura, Compromís forzó a incluir una cláusula según la cual, si en un año no se hubiera aprobado dicho documento, el requisito lingüístico se implantaría de forma automática por categorías. Pero Justicia acabó eliminando dicha disposición después de que el Consell Jurídic la viera incongruente. A cambio, Bravo planteó a Educación una comisión con expertos para elaborar el reglamento y tratar de desatascar el conflicto.
