Los drones no son juguetes, son aeronaves. Por ello, estos aparatos voladores, por muy pequeños que sean,están sujetos a la normativa de la Agencia Española de Seguridad Aérea. Y, por lo tanto ,están sujetos también a infracciones, situaciones cada año más comunes en el conjunto del Estado. En el año 2019 se produjeron tres sanciones y seis denuncias provocadas por el uso irregular de drones en la Comunitat Valenciana. Ayer el aeropuerto Madrid-Barajas tuvo que interrumpir durante dos horas la circulación del tráfico aéreo debido a la presencia de uno de estos aparatos en la pista, lo que causó 22 desvíos de vuelos en toda España, de los que siete llegaron al aeropuerto de València-Manises y dos a Alicante-Elx, según el gestor de tráfico aéreo Enaire.
En la ciudad de València, en cuyo espacio aéreo está prohibido volar cualquier tipo de dron por su proximidad con el aeropuerto de Manises, la Policía Local de València, que cuenta desde noviembre con una unidad especializada en drones, ya ha tramitado tres denuncias en 2019. La última de ellas, en el mes de octubre, a un turista francés que estaba tomando imágenes con un dron en el Mercado de Colón se saldó con una sanción de 6.600 euros. Los agentes lo sancionaron por volar en espacio aéreo controlado (ATZ) y por hacerlo con un dron de más de 250 gramos sobre aglomeraciones y gente. Además se le intervino el aparato.
En el mes de febrero otro ciudadano extranjero, en este caso procedente de EE UU, fue denunciado por la Policía Local de València por volar su dron en la plaza del Temple. El aparato se le quedó enganchado en una palmera y fue necesaria la intervención de los bomberos para bajarlo. La sanción en este caso fue de 3.500 euros. Igualmente, en junio otra persona fue sancionada por volar un dron en la calle Jorge Juan de València.
Las infracciones por volar sin permiso estos aparatos pueden conllevar multas de hasta 42.000 euros en el peor de los casos. Solo el pasado año la AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea) registró 95 incidencias relacionadas con drones en el conjunto del Estado, con multas que suman un importe de 173.452 euros. En el año 2018, se interpusieron tan solo 68 sanciones, por un importe de 193.740 euros. La sanción más baja que interpuso AESA el pasado año es de 360 euros, mientras que la más alta llega a los 42.600 euros. Desde la agencia aseguran que la mayoría de las sanciones ha sido por no ser un operador habilitado, por no cumplir los requisitos de la aeronave y por el sobrevuelo en zonas no permitidas.
Para evitar situaciones como la de ayer, la AESA cuenta junto al proveedor de servicios de navegación Enaire con un protocolo de actuación en caso de que las torres de control de los aeropuertos detecten un dron no autorizado en las áreas de influencia de los aeropuertos. El protocolo consiste en dar una alerta inmediata a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que deben dirigirse a la zona donde se ha detectado la aeronave para detener al piloto en tierra. Según el Real Decreto que regula el uso de drones, aprobado el 15 de diciembre de 2017, no se puede volar un dron a menos de 8 kilómetros del punto de referencia de cualquier aeropuerto o aeródromo.
Hasta 45.000 euros
Las personas físicas que reciben una multa por el uso indebido de un dron se enfrentan a unas sanciones definidas en el artículo 55 de la Ley de Seguridad Aérea. Las multas pueden oscilar entre los 60 y 45.000 euros si la sanción es leve, de hasta 90.000 euros en el caso de una sanción grave y de un máximo de 225.000 euros para las sanciones muy graves. Para las empresas, la multa es aún mayor. De entre 4.500 y 70.000 euros para las sanciones leves, hasta 250.000 euros para las graves y un tope de 4,5 millones de euros para las multas muy graves.
