Los directivos de Divalterra -antigua Imelsa- fueron contratados en la anterior legislatura por su formación y experiencia sin tener en cuenta su militancia política. Nadie les advirtió de las irregularidades y todos iban a trabajar cada día a esta empresa pública de la Diputación de València.

Así se manifestó ayer Agustina Brines, exgerente de Divalterra, durante su comparecencia como investigada ante el juzgado que instruye el caso Alquería. Según apuntaron fuentes conocedoras de su declaración, Brines justificó su actuación al frente de la empresa pública y puntualizó que se encontró con una empresa caótica, en una situación insostenible, e hizo lo que pudo para resolver los problemas.

Según estas fuentes, Brines aseguró que seleccionaron a los directivos, todos vinculados al PSPV y Compromís, por su formación y no por su militancia en estas formaciones políticas.

Además, matizó que el responsable jurídico de la empresa pública, José Luis Vera, tampoco advirtió en ningún momento de las presuntas irregularidades. Desde las defensas consideran que la dirigente de Compromís fue convincente en su deceleración y que despejó cualquier duda sobre el delito de malversación que la investigación atribuye a los imputados, pues constató que todos iban a trabajar y tenían funciones asignadas en la empresa pública.

Por otra parte, ayer también declaró el perito contratado por la defensa de Jorge Rodríguez, alcalde de Ontinyent y expresidente de la Diputación de València, que aseguró que bajo su mandato Divalterra no sufrió ningún perjuicio económico. El análisis pericial recoge que «del análisis de las cuentas anuales auditadas de Divalterra correspondientes a los ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018, así como de la evolución de sus presupuestos, se puede concluir que la gestión del órgano de administración no ha perjudicado económicamente a dicha entidad».

No obstante, la Fiscalía Anticorrupción sigue manteniendo el mismo criterio respecto a los investigados y probablemente pedirá la apertura de juicio oral. La Policía Nacional ha confirmado en un segundo análisis las irregularidades y los informes sitúan a Jorge Rodríguez al borde del banquillo por el caso Alquería. En las últimas semanas el acalde de Ontinyent ha reforzado su defensa para evitar ser condenado e inhabilitado para ocupar cargo público, lo que le apartaría de la Alcaldía.