El gasto del Consell en políticas y proyectos (incluido el coste del personal para desarrollarlos) creció un 7,3 % en 2019: de 15.276 millones en 2018 a 16.384. El balance provisional del ejercicio que Intervención ha entregado a las Corts refleja este impulso del gasto (1.108 millones de incremento) en un año electoral, para el que el Gobierno del Botànic elaboró unas cuentas «expansivas». Confiaba en el apoyo del Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez, pero el Presupuesto del Estado de 2019 no pasó la prueba del Congreso de los Diputados.
Este factor es uno de los que explica el resultado negativo del presupuesto valenciano, de acuerdo con la documentación entregada a las Corts. Sumados todos los capítulos de ingresos y gastos a excepción de los pasivos financieros (la deuda), el saldo es negativo en 2.599 millones. Es un aumento de más de 400 millones con respecto a los 2.187 millones de números rojos de la liquidación del ejercicio de 2018.
La cifra del último año, no obstante, hay que tomarla con prevenciones, ya que incluye la ejecución de los doce meses de todas las conselleries, pero falta la de diciembre en algún organismo autónomo. En todo caso, la variación sobre el actual dato provisional no será sustancial.
El desfase bruto entre ingresos y gastos no es el déficit oficial, que se suele difundir en abril y para el que se realizan algunas correcciones en función de los criterios de contabilidad nacional. Así, el resultado presupuestario de 2018 fue de -2.187 millones, mientras que el déficit formal fue de -1.574 millones.
De entrada, las cuentas de la Generalitat incluyen cada año 1.350 millones (tan ficticios como reivindicativos) de ingresos inexistentes del Estado para evidenciar la infrafinanciación valenciana. Si se une a ello la previsión de fondos del FOGA histórico por la atención a desplazados sanitarios (330 millones), el polémico mes birlado del IVA de diciembre de 2017 (se presupuestó en 250 millones), el copago farmacéutico (55 millones) y el compromiso de mayor dotación para la atención de la dependencia, el desfase se entiende mejor. Al menos desde la visión del Consell.
El titular de Hacienda, Vicent Soler, habló al presentar las cuentas de 2019 de un necesario «milagro» en los ingresos para cuadrar el balance final. Entonces cifró en más de 2.200 millones los fondos pendientes del Gobierno de Sánchez.
Por su parte, la oposición de derechas se ha hartado de cuestionar el aumento de los gastos, que atribuye al crecimiento del organigrama de cargos y asesores.
Al final, según la ejecución prsupuestaria, los costes de personal crecieron un 6,8 % en 2019, por debajo de la media de los gastos. El otro gran incremento en términos absolutos ha sido el de las transferencias corrientes (trasvase ordinario a otros organismos públicos): 351.430 euros (7,3 %).
En términos relativos, los principales aumentos se dan en los gastos financieros (36,4 %) y en las transferencias de capital (25,7 %), que son los recursos derivados a otras instituciones públicas, ayuntamientos y entidades privadas para desarrollar proyectos. Unido este apartado con el de inversiones reales, el aumento es del 18 % con respecto a 2018 (944,8 millones frente a 800,4).
En el capítulo de transferencias de capital se integra uno de los programas más importantes del Consell de Ximo Puig y Mónica Oltra: el plan Edificant para la construcción y reforma de centros educativos, que se realiza a través de los consistorios y que fue implantado en la segunda mitad de la legislatura anterior para acelerar la eliminación de los barracones.
En este sentido, la Conselleria de Educación alcanzó un grado de ejecución de su presupuesto total del 91,7 %. En el apartado de transferencias de capital, las obligaciones reconocidas representaron el 33,1 %, aunque pasaron de 76 a 105 millones (un 38 % más). De manera global, la ejecución del presupuesto de 2019 fue del 93,84 %: 22.834,9 millones sobre unos créditos iniciales de 24.334,6 millones (incluidos pasivos financieros).
Es un porcentaje de ejecución ligeramente inferior al alcanzado en 2018 (96,47 %), de acuerdo con la liquidación aprobada entonces por el pleno del Consell.
Este porcentaje general incluye las cuentas de las Corts y organismos estatutarios como la Sindicatura de Comptes, el Consell de Cultura, la Acadèmia de la Llengua, el Jurídic, la deuda y el Comité Económico y Social. Si se tienen en consideración solo las diez conselleries (con ellas se elaboró el presupuesto de 2019; ahora hay doce), el índice de ejecución desciende al 85 %.
Sanidad, la que más ejecuta
SanidadEn este último año, los departamentos de Sanidad (97,79 %) y Economía (95,5 %), junto a Educación e Igualdad (90,17 %) son los que han logrado mayores tasas de ejecución de sus créditos.
Por contra, Vivienda y Obras Públicas (la denominación que tenía cuando se elaboró el presupuesto de 2019, ahora ha sido desgajada en dos) solo emitió obligaciones reconocidas de pago al final de 2019 por el 53,74 % del crédito del que disponía. Agricultura y Medio Ambiente ejecutó el 76,72 % de su presupuesto. Son las dos áreas con peores datos.
El problema de la Comunitat Valenciana es de ingresos y no de gastos. Es una frase frecuente del conseller Soler para explicar la situación financiera de la Administración autonómica. Lo dice porque es la que menos recibe en el reparto de fondos del Estado (ha vuelto a ser así en la previsión de entregas del sistema de financiación para 2020), mientras que aún gasta por debajo de la media española (lo reflejan los informes de la Autoridad Fiscal, Airef).
No obstante, el gasto ha ido aumentando durante los años del Botànic. El argumento es que los ciudadanos no deben sufrir unos servicios públicos fundamentales con menos recursos por causa de la infrafinanciación.
El cierre (provisional) de la contabilidad de la Generalitat muestra el agujero en los ingresos por transferencias corrientes (del Estado, básicamente). La previsión era de 3.140,4 millones. En realidad han sido 1.164,2 millones: poco más de la tercera parte de lo anhelado.
