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Medida

El Gobierno revisará concesiones de agua por la sobreexplotación de ríos y acuíferos

La CHJ alerta de que los derechos de uso ya no pueden ser satisfechos de manera sostenible al ser mayores que los recursos disponibles, admite el incumplimiento de los caudales ecológicos y la falta de planes de cuenca para adaptarse al cambio climático

El Xúquer, a su paso por Riola.

El Ministerio para la Transición Ecológica pretende la implantación efectiva de un régimen de caudales ecológicos al detectar «incumplimientos» que no permiten preservar la biodiversidad, y, por tanto, tampoco revertir el mal estado actual de ríos y acuíferos. Con el foco puesto especialmente en puntos como el Mijares, Sénia o Serpis.

Otra de las medidas, y no menor, pasa por la revisión de las concesiones de agua. Algo aplicable allá «donde quede demostrado que la demanda puede ser atendida con una menor dotación, o con una mejora de la técnica de utilización del recurso». El objetivo, según la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), es adecuarse a nuevos requerimientos ambientales que no existían cuando se otorgaron esos derechos de explotación, así como adaptarse a los efectos del cambio climático.

«Serán revisadas las que sean necesarias y en los plazos que se fijen, con objeto de cumplir los objetivos que se establezcan en la planificación hidrológica», inciden desde la CHJ. Aseguran, además, que se van a incrementar los recursos económicos y humanos para controlar las extracciones de agua, alertando también sobre el impacto de la sobreexplotación de las subterráneas.

Una apuesta lógica, coinciden los expertos consultados, al tratarse de ríos tan explotados y de tan poco caudal como los mediterráneos. Aunque la Ley de Aguas de 1985 ya contemplaba este tipo de alternativas la novedad está en incorporar, como una de las posibles causas de modificación, las restricciones provocadas por la necesidad de dejar un caudal ecológico aguas abajo de donde esté situada la toma.

Más exigencias que recursos

El organismo de cuenca, autónomo pero dependiente del ministerio, señala que existe un número de derechos «que ya no puede ser atendido de forma sostenible», al ser mayor las exigencias que los recursos disponibles. En las aguas subterráneas, en concreto, su uso intensivo ha provocado una importante disminución en los niveles freáticos. «Desde los años setenta el descenso alcanza valores superiores a los 100 metros, cifra que llega a los 350 en algunos casos concretos, especialmente en el Vinalopó-Alacantí, algunos con volúmenes de extracción que superan en más de 3 veces los recursos disponibles», según la planificación vigente.

«Sobre un recurso subterráneo aprovechable de 48 hm3/año, se soportan actualmente unas extracciones de 113 hm3/año con un volumen de derechos inscritos de 193 hm3/año», según las cifras de la propia CHJ. Ante la falta de recursos de la demarcación para atender la demanda y, por otra, la dificultad a la hora de que entren en servicio las infraestructuras de sustitución como podrían ser desaladoras o sistemas de bombeo para la reutilización de aguas tratadas, apuntan a que debería ser el gobierno «quien plantee las alternativas más adecuadas de forma coordinada».

La mayor demanda de agua sigue procediendo de la agricultura. Mediante técnicas de teledetección e información estadística la superficie de regadío en la demarcación del Júcar se sitúa en torno a las 380.000 hectáreas, con un volumen de 2.568 hm3/año, lo que representa un 79 % del total de recursos. Aunque la modernización de las últimas décadas ha permitido una mayor eficiencia hídrica, la CHJ señala que avanzar en ese camino podría suponer un ahorro de unos 240 hm3/año para 2027 entre los ríos Júcar y Turia.

La principal preocupación de los técnicos responde a los caudales ecológicos en escenarios de calentamiento global por la previsible reducción de recursos hídricos, que se traducirá en un incremento de masas de agua temporales. Y ponen el dedo en la llaga al admitir que pese al gran volumen de información sobre el cambio climático en España no se han desarrollado planes de adaptación en las cuencas que analicen la vulnerabilidad y los daños en escenarios de riesgo.

Actualmente, la Subdirección General de Gestión Integrada del Dominio Público Hidráulico del Miteco, está trabajando en la elaboración de un decreto en el que se establecerán nuevos criterios para la evaluación de la calidad de las aguas subterráneas con mayores exigencias.

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