Una condena en un caso de asesinato no puede apoyarse exclusivamente en un «acto ciego de fe», en la creencia de que un testigo dice la verdad, sino que son necesarias otras pruebas adicionales. Éste es uno de los argumentos que la magistrada Cristina Costa expone en la sentencia hecha pública ayer que absuelve a los siete acusados del asesinato del alcalde de Polop Alejandro Ponsoda. Un jurado les declaró el martes de la semana pasada no culpables y el fallo expone las razones por las que el tribunal popular optó por la absolución: la falta de pruebas y las contradicciones en el testigo protegido.

El testimonio de este confidente, que aseguraba que le encargaron el asesinato en una reunión celebrada durante el verano de 2007 en los reservados del club de alterne Mesalina de Finestrat, era uno de los pilares del caso. Ponsoda murió en octubre de 2007 tras recibir un disparo en la cabeza cuando llegaba en coche a su casa en la pedanía polopina de Xirles. Como ya publicó este diario el domingo, el jurado basaba el veredicto absolutorio en el hecho de que no creyeron al testigo protegido por las contradicciones en sus distintas declaraciones.

El fallo no considera probado que Juan Cano encargara el asesinato de su antecesor en el cargo con la mediación del empresario Salvador Ros y dos responsables del club de alterne Mesalina, Pedro Hermosilla y Ariel Gatto, en una reunión celebrada en la sala vip del club de alterne Mesalina. La sentencia tampoco cree acreditado que el español Raúl Montero y los checos Robert Franek y Radim Rakowski cometieran el crimen por encargo de aquellos, al tiempo que recuerda que no hay ninguna prueba ni vestigio que les sitúe en el lugar de los disparos.

En cuanto a los acusados de ser los autores materiales del asesinato, asegura la sentencia que el testigo protegido fue «el único que mencionó ante el juzgado y la Guardia Civil una posible participación de estas tres personas». Al haber dicho este confidente durante el juicio que no sabía si éstos llegaron a hacerlo y sin que existan testigos directos ni vestigios de los acusados en el lugar de los hechos entiende el jurado que no ha quedado probada su participación en los hechos.

En cuanto a los acusados de ser los autores intelectuales del asesinato, el fallo señala que la principal prueba era el testimonio del testigo protegido y éste no tenía credibilidad por las distintas versiones sobre los hechos que ha venido dando a lo largo del procedimiento, explica el fallo. A lo largo de todas sus declaraciones «ha variado de forma esencial lo dicho en cada una de ellas y en el acto del juicio», asevera.

Versiones cambiantes

La magistrada recuerda en la sentencia algunas de las contradicciones. En la primera declaración ante la Guardia Civil, el testigo decía que había escuchado de otra persona algo relacionado con el encargo de una muerte, aunque él no lo oyó directamente. En el juzgado, aseguró que oyó una conversación en los acusados de urdir el crimen hablaban de problemas por el cobro de la muerte de una persona. Meses más tarde, el testigo protegido prestó otra declaración en la que dijo que le ofrecieron matar al alcalde de Polop por 35.000 euros y que, tras aceptar inicialmente, lo rechazó tres días después pero dio los nombres de Raúl, Robert y Radim. Finalmente en el juicio, aseguró que nunca lo aceptó y que propuso a Radim y a Robert, pero no conocía a Raúl.

La magistrada expone que el jurado ha expresado «dudas fundadas sobre la veracidad del testimonio cambiante del único testigo, lo que conlleva para ellos el dictado de una sentencia absolutoria». La juez considera suficiente la argumentación del jurado para alcanzar el veredicto y explica que para una absolución, la exigencia de motivación no es exactamente igual en las sentencias condenatorias que en las absolutorias».