«Así van a acabar con nuestra actividad». Es la frase con la que Carlos Duelo, miembro del comité ejecutivo del Consejo Empresarial del Juego (CEJuego), resume el sentir del sector que representa ante las últimas enmiendas presentadas por los tres partidos que conforman el Govern del Botànic -PSPV, Compromís y Unides Podem- al anteproyecto de ley del Juego de la Comunitat Valenciana. Los tres grupos -que han acordado cambiar el título de la ley para que añada el término «prevención de la ludopatía»- quieren que se fije una distancia de 850 metros entre locales de juego y bares con tragaperras respecto a centros educativos, sanitarios y recintos deportivos, algo que no ha sentado nada bien entre los empresarios del sector del juego y los hosteleros, como quedó de manifiesto en el desayuno celebrado el pasado lunes en las instalaciones de Levante-EMV para abordar esta cuestión. En el encuentro estuvo presente el director general de Tributos y Juego de la Generalitat Valenciana, Rafael Beneyto, así como representantes empresariales, de las asociaciones de consumidores y el psicólogo especialista en la materia Francisco José Bou, autor del informe «El juego, una propuesta de regulación».
La legislación
"Es un proyecto que la realidad ya había alterado"
El boom de las apuestas deportivas y cierta alarma social y mediática provocaron que el Consell iniciara en octubre de 2017 la preparación del anteproyecto de una nueva y ambiciosa ley de Juego de la Comunitat Valenciana, que hiciera frente a los nuevos usos de esta actividad y, sobre todo, defendiera a los colectivos más vulnerables: los menores de edad y las personas con problemas de ludopatía. «El objetivo central es regular una actividad económica que es totalmente lícita, garantizar la libertad de empresa y crear un marco para esa actividad que tiene unas connotaciones sociales determinadas», señaló Rafael Beneyto, director general de Tributos y Juego desde agosto del pasado año.
¿Y por qué ahora presentan enmiendas los propios partidos que conforman el Consell -al que ahora se ha adherido Unides Podem-? «Es un proyecto al que la realidad, pasados dos años, ya había alterado. No cuadraba ya con la alarma existente que han puesto de manifiesto los expertos sociosanitarios», explica Beneyto que, no obstante, recuerda que, finalizado recientemente el período de alegaciones, se han presentado un total de 241 enmiendas a la normativa propuesta a las que ahora deben responder.
Para justificar estas medidas, Beneyto apuntó que, según las últimas memorias presentadas desde 2013, «el juego está en crecimiento en la Comunitat Valenciana». «En noviembre de 2019 había autorizados 463 salones de juego, casi el doble de los 250 que había en 2013. Había 62 bingos, que se mantienen en una cifra estable, y los locales específicos de apuestas han pasado de 1 a 35», indicó. «Con alrededor de un local por cada 10.000 habitantes, somos la segunda comunidad autónoma con mayor número de establecimientos por persona», añadió.
Pese a esas cifras, Carlos Duelo (CEJuego) recalcó que «no se juega muchísimo más de lo que se jugaba antes. Esa afirmación es producto del ruido». Así, incidió en otro dato también reflejado en las memorias que va todavía más atrás en el tiempo: «En 2020 se juega un 20 % menos en que en 2007. Lo que ocurre es que hay categorías que han crecido mucho, y se hace incidencia sobre ellas, pero hay otras en las que ha bajado que no se mencionan. El juego real ha bajado», sostuvo Duelo.
distancias de 850 metros
«Esta medida saca a todos los locales de cualquier sitio»
El principal punto de conflicto entre los legisladores y los empresarios se encuentra en la fijación de una distancia de 850 metros entre estos establecimientos y recintos escolares, centros de salud o polideportivos. «Nos sentimos completamente atacados. Esta medida, con ese radio, saca a todos los establecimientos de cualquier sitio», aseguró Duelo. «Este siempre ha sido un sector regulado, y está bien regular, pero con este proyecto no se garantiza la libertad de empresa, sino que se está prohibiendo, aunque no se diga explícitamente», manifestó.
«Es como si viviéramos una DANA exclusiva para este sector. Nos gustaría saber en qué se basa esa distancia concreta de 850 metros», mantiene Encarna Gaspar, representante de la Asociación de Empresarios de Máquinas Recreativas de la Comunidad Valenciana (Andemar). No obstante, Gaspar incide en que lo más preocupante para el sector no es la propia distancia, sino si se va a aplicar a los ya existentes: «No nos importa tanto la distancia, lo que nos interesa es que no afecte a la renovación de salones regulados con anterioridad.Entendemos que los nuevos tengan que acoplarse, o incluso que ya no haya más nuevos, pero si los que ya existen se tienen que acoplara a la ley, tendrán que cerrar». «Estimamos que ninguno de los locales de salones de juego, casas de apuestas, bingos, etc. de la Comunitat Valenciana cumple esa medida de distancia de 850 metros», mantiene Alfredo Esteve, consultor legal de Gesem y autor de un estudio sobre el impacto económico de la actividad. Un caso concreto es el Casino de València, si bien Beneyto aclaró que todavía no se ha concretado a qué tipo de establecimientos afectaría ese veto.
Ante esas críticas, Beneyto respondió que la ley no es retroactiva y que «las empresas con licencia habrán tenido 10 años para explotar la actividad». «Después han de adaptarse a la ley», añadió. «Nos vamos a encontrar con la arbitrariedad de que quien lleve 40 años abierto y justo ahora tenga que renovar, deberá cerrar, mientras que otros con solo un año de vida podrán seguir abiertos», lamentó Gaspar.
Máquinas tragaperras
"Tendrá una incidencia muy negativa en la hostelería"
Entre los grandes afectados por la nueva ley también se encuentran los hosteleros, ya que tampoco podrán tener máquinas de tipo B -las conocidas como tragaperras- en sus locales si están a menos de 850 metros de los recintos anteriormente mencionados. «Va a tener una incidencia muy negativa en nuestros establecimientos porque para muchos de ellos se trata de una actividad complementaria», denunció Rafael Ferrando, secretario de la Federación Empresarial de Hostelería de Valencia (FEHV). «El juego en máquinas B es esporádico, ocasional e incidental. Los hosteleros ya tenemos un control y una responsabilidad para que los menores no usen esas máquinas, igual que si te piden alcohol no se les vende. No entendemos que se nos quiera exigir tanto como a un salón de juegos», defendió Ferrando, al tiempo que recordó que su sector está conformado mayoritariamente por empresas familiares «a las que cualquier cambio en la facturación les afectará mucho».
Internet y la publicidad
La facilidad de jugar "online" para los adolescentes
Por su parte, las asociaciones de usuarios y consumidores no ven tanto el peligro en los propios establecimientos como en el juego online. «Creo que el problema es que se juega más en menores vía online por el acceso que tienen a través de un smartphone o internet. Al juego online se puede acceder en cualquier lugar, en cualquier momento y, además, de forma anónima, lo cual es muy preocupante», apunta Fernando Móner, presidente de Avacu. También incide en este punto Vicente Inglada, secretario de la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana: «Hay una preocupación en la sociedad, sobre todo por la digitalización. Cualquier adolescente dispone de un teléfono y es más fácil que pueda actuar sin control». «¿Qué sentido tiene limitar en distancia los salones de juegos de un colegio si en una marquesina de autobús se puede colocar un anuncio? Se tiene que limitar, si no suprimir, como se hizo con el tabaco y el alcohol, la publicidad del juego», reclama Beatriz Rodríguez, representante de Amas de Casa y Consumidores Tyrius.
En ese mismo sentido se manifestó el psicólogo Francisco J. Bou: «la ludopatía en juego presencial es nimia» y que los problemas vienen de la «condición virtual» del juego online, cuyo control de acceso el propio Beneyto reconoció que, a día de hoy, no es posible. «Es fundamental controlar la publicidad para proteger a los colectivos vulnerables, que son muy influenciables, pero si no psicoeducamos a nivel preventivo en las familias y en los entornos escolares adecuadamente caemos en un error», sostuvo Bou, que auguró que «si prohibimos de forma inadecuada el juego, lo que fomentaremos es un mal uso y un juego ilegal, lo cual es peor». «Si cerramos locales sólo empujaremos a que vayan a otras vías», concluyó.
