La sintonía ha sido la tónica habitual entre la patronal valenciana y el Consell del Botànic a la hora de fijar posiciones para reclamar al Gobierno central la mejora de la financiación autonómica. La postura en cuanto al objetivo final sigue siendo común, pero los caminos comienzan a bifurcarse.
La solución ofrecida por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, respecto al pago del IVA que se adeuda a las comunidades autónomas (281 millones en el caso valenciano) no gusta al empresariado: «La apisonadora del Estado ha vuelto a pasar por encima de los ciudadanos». Así de claro se manifestó ayer el presidente de la CEV, Salvador Navarro, en declaraciones a Levante-EMV.
El acuerdo alcanzado el viernes por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que pasa por convertir la deuda en un préstamo a través del FLA a interés cero no convence a la patronal. «Parece que no se acuerdan de cuando estaban en la oposición», indicó Navarro en alusión a la ministra Montero, a la que recordó los compromisos adquiridos con la Comunitat Valenciana.
Navarro recordó que los problemas para el pago del IVA liquidado de 2017 comenzaron con Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda. «Tomó una decisión sin consultar a nadie; aquello empezó mal y ha acabado peor».
«El arreglo no nos gusta»
Para Navarro, esos 281 millones es dinero «efectivo de los valencianos». «No entiendo que ahora se preste; es dinero que debería estar aquí para mejorar los problemas de la Comunitat». «El arreglo no nos gusta», insistió. Preguntado sobre si el Consell, como exige el PP valenciano, debería abrir la vía judicial para reclamar este dinero, Navarro dijo no ser partidario porque pueden pasar años hasta que se resuelva. «Antes hay que dar un paso: exigir con mayor contundencia», aseveró.
La flexibilización del objetivo de déficit al 0,2 % que permitirá a la Comunitat un respiro de 235 millones este año tampoco entusiasma a la patronal. «¿Europa nos va a permitir flexibilizar el déficit?», se preguntó Navarro. Para el líder de los empresarios la solución es el cambio del modelo, algo que, en su opinión, es más fácil ahora por la apertura del diálogo con Cataluña.
Navarro se refirió también a los 1.325 millones de euros en concepto de infrafinanciación para «cuadrar» los presupuestos y que acaban convirtiéndose en deuda. «Esta deuda debe compensarse», añadió. Además, fue crítico con la gestión del Consell: «Los empresarios empezamos el año con control y no sé si esto ocurre en la Generalitat, que tiene el gasto descontrolado», asestó.
Además, tanto la patronal como los sindicatos que forman parte de la Plataforma per un Finançament Just se sienten molestos porque el Consell aún no les ha llamado para informarles formalmente del resultado de la reunión del viernes. El jueves por la tarde, el conseller de Hacienda, Vicent Soler, los reunión, pero no hubo comunicación posterior al consejo.
El PPCV, por su parte, continúa su ofensiva para reclamar los 281 millones por la judicial. La presidenta Isabel Bonig aseguró que no descarta incluso llevar al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y todo su Consell a los tribunales para, llegado el caso, exigirles responsabilidad contable si no formalizan la reclamación de este dinero al Gobierno, tal como tienen previsto hacer comunidades gobernadas por el PP y al menos dos con presidencia socialista.
Los populares ya han hecho un requerimiento formal al consejo de ministros, pero ahora han remitido una carta a Puig para que sea el propio Consell quien lo haga. La misiva, fundamentada jurídicamente, recoge que la defensa y la reclamación de los ingresos de la Generalitat es un «deber legal» de la Administración . El PP argumenta que sin en este requerimiento se corre el riesgo de que la reclamación prescriba ya que entienden que la legitimidad para reclamar es sobre todo del Gobierno.
Mientars el portavoz de Hacienda del PSPV, José Muñoz, reprochó al PP que solo hable de los 281 millones del IVA y renuncie a reclamar los más de 1.300 millones de la infrafinanciación e instó a la presidenta popular a exigir responsabilidades «en su propia casa», en alusión a la decisión del exministro Montoro de retener esa cantidad en 2017. «Un dinero que necesitamos para prestar los servicios públicos de la mejor manera posible», advirtió.
