Después de 36 años esperándolo, ayer fue un día importante para la asociación Derecho a una Muerte Digna (DMD). El Congreso de los Diputados iniciaba por tercera vez el trámite para aprobar una ley orgánica que despenaliza en España la eutanasia. Desde la asociación, que preside el valenciano Javier Velasco, esperan que esta tercera vez sea la «definitiva» y España entre por fin en el club de países que hoy por hoy tienen regulado este derecho como Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Colombia, Suiza, Australia y algunos estados de Estados Unidos.
«Aplaudimos la ley y esperamos que salga pronto y que su cumplimiento se garantice de forma ágil», pedía ayer Velasco, sobre todo al recordar que hay «muchas personas que están esperando» el trámite para «morir en paz con el amparo de la ley» que, de aprobarse definitivamente, permitirá optar a solicitar la muerte de forma activa (eutanasia activa) o recibir los medicamentos para que el paciente se los tome y muera cuando él decida (suicidio asistido).
Eso sí, la ley deja muy claro quién podrá o no optar a esta ayuda para morir: solo mayores de edad con una enfermedad grave e incurable o crónica o invalidante que lleve aparejada un sufrimiento físico o psíquico «constante e intolerable» y no haya posibilidad «de curación o mejoría apreciable» o con un pronóstico de vida limitado.
El trámite burocrático a cumplir es extenso y muy garantista (varias solicitudes, certificaciones médicas y de un comité externo), algo que desde la asociación que ha venido luchando por la despenalización ven como una posible debilidad. «Nos alegra pero creemos que la ley es insuficiente -no entra en problemas de enfermos mentales o en niños- y nos preocupa la burocratización a la hora de ejercer el derecho», apunta Velasco, incidiendo sobre todo en el peligro de que Gobiernos autonómicos que estén en contra de la ley puedan «boicotearla» a través del comité externo que ha de dar el consentimiento final en cada uno de los casos.
«Nos preocupa ese punto, pero entendemos que han querido ser garantistas porque hay miedo a ciertos sectores minoritarios como grupos ultras o la Conferencia Episcopal», añadió.
En aquellos países donde el proceso está instaurado, la tasa de fallecimientos por eutanasia «no llega a un 4 %», según Velasco y, en muchas ocasiones, los enfermos piden el suicido asistido «para tener una garantía, les tranquiliza, aunque pueden pasar años antes de que hagan uso de los medicamentos o llegar a un punto que ni se utilizan».
La ley orgánica da un paso más y amplía el derecho de los pacientes y su autonomía ante un desenlace inevitable.
Ley valenciana de muerte digna
Por ahora, varias autonomías, entre ellas la valenciana habían desarrollado leyes de cuidados al final de la vida que vienen garantizando tanto la sedación paliativa en los últimos momentos como la retirada planificada de tratamientos llegado el caso. Estas normas autonómicas no podían, sin embargo, pasar de ahí ya que el Código Penal seguía y sigue aún considerando delito el ayudar a una persona a morir, extremo con el que acabará la nueva ley de eutanasia en ciertas condiciones.
Así, ahora en la Comunitat Valenciana (la décima que así lo legisló en España), los pacientes pueden firmar un documento de voluntades anticipadas para decidir en qué momento quieren, ante un desenlace inevitable, que los médicos dejen de aplicar tratamientos que posterguen su vida artificialmente como respiradores mecánicos.
Regula, además, el poder morir con garantías en el hospital o en el domicilio, hacerlo rodeado de la familia o de compañía espiritual y, por supuesto, garantiza el acceso a la sedación paliativa: disminuir la conciencia del que va a morir para ahorrarle sufrimiento físico y psicológico.
