El interventor de la Generalitat ha admitido que el discutido contrato por el que el Consell sustituyó a Bancaja como avalista de la empresa Valmor en la organización de la Fórmula 1 no pudo resultar delictivo porque no existe procedimiento alguno en el que enmarcar esta garantía.
El interventor declaró recientemente en calidad de testigo en el Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia, que tramita tres causas relacionadas con este evento automovilístico, en dos de las cuales se encuentra imputado el expresident de la Generalitat Francisco Camps.
El contrato por el que se le preguntó fue firmado el 19 de julio de 2011 por Camps, un día antes de su dimisión como president de la Generalitat tras conocerse su procesamiento en la conocida como causa de los trajes del caso Gürtel.
La Intervención de la Generalitat, en un informe incorporado a la causa en 2017, había señalado inicialmente sobre este documento que "no respetó los principios de legalidad administrativa y financiera, de contabilidad y de control que forman parte del ordenamiento jurídico de la Generalitat".
Sin embargo, en la comparecencia ante el juez el interventor explicó que legalmente no se puede considerar un aval, porque no garantizó operación de crédito alguna y no existe un procedimiento legal en el que se pueda enmarcar esta operación.
Según las fuentes del caso, resulta incoherente apuntar la posibilidad de un delito de prevaricación porque no existía marco legal alguno al que se tuviese que someter dicho aval, que no generó obligación alguna para el Consell, puesto que no se trataba de una operación de crédito cuantificada, ni llegó jamás a entrar en vigor.
Esta pieza fue archivada por la jueza instructora en diciembre de 2018 con el visto bueno de la Fiscalía Anticorrupción, pero fue reabierta meses después a petición de la Abogacía de la Generalitat únicamente -así lo indicó la Audiencia Provincial- para que se investigase lo relativo a este aval.
Este cauce de investigación, además de estar prácticamente agotado, ya que únicamente queda por completar la declaración de un responsable de la UDEF-, ha consumido ya el periodo máximo de instrucción acordado, de modo que parece abocado a un nuevo archivo que podría resultar definitivo, según las fuentes consultadas.
La segunda de las piezas relacionadas con la Fórmula 1 que se mantienen vivas en Instrucción 2 es quizá uno de los aspectos más controvertidos de este gran evento, la compra de Valmor por parte de la Generalitat por 0,99 céntimos en diciembre de 2011, que permitió enjugar las cuantiosas pérdidas de la empresa privada (Valmor) que pusieron en marcha Fernando Roig, Jorge Martínez "Aspar" y Bancaja, superiores a los 40 millones de euros.
Este "rescate", que hizo efectivo el Consell presidido por Alberto Fabra tras la dimisión de Camps, supuso la asunción de las citadas deudas, pero también de los "activos" de Valmor, es decir, su capacidad de organizar los grandes premios, y evitó el pago de una penalización superior a los 70 millones de euros, según han explicado a EFE diversas fuentes conocedoras del caso.
El Ejecutivo valenciano del PP argumentó en reiteradas ocasiones que la compra de esta firma fue más rentable que dejar de organizar la Fórmula 1 y abonar la correspondiente indemnización, otras partes sostienen que la Generalitat era desde 2009 (el segundo de los cinco grandes premios) copromotor del evento, junto con Valmor, y que podría haber continuado con la gestión, como en la práctica hizo a través de Circuito del Motor.
Esta pieza es la que menos ha avanzado, en gran medida por la dificultad que entraña enmarcar el posible ilícito en un tipo penal concreto.
La tercera de las piezas, la única en la que no está investigado el expresident Camps, es la relacionada con los contratos realizados por la empresa pública Circuito del Motor para la organización de los grandes premios.
La acusación, que se dirige contra una decena de investigados, entre ellos el ex secretario autonómico de Hacienda José Miguel Escrig y el exdirector de Circuito del Motor Julio García, en cualquier caso sería únicamente por prevaricación, es decir, que conllevaría únicamente penas de inhabilitación.
Camps estuvo investigado en otra pieza, la abierta en Instrucción 17 sobre la construcción del circuito urbano, en la que también estuvieron imputados el exvicepresidente Vicente Rambla y el exconseller Mario Flores, entre otros, pero la causa fue archivada el pasado julio.
