El Consell desbloquea la ley de función pública pero aplaza la batalla del requisito lingüístico

La Conselleria de Justicia y Administración Pública y el departamento de Educación lograron un pacto que salva esta ley y aplaza la batalla interna sobre cómo exigir e introducir la capacitación lingüística al funcionariado. La ley es un paso necesario para implantar el requisito, pero el cómo se hará sigue pendiente de acuerdo. Los negociadores Gabriela Bravo y Vicent Marzà pactaron el miércoles un nuevo texto que poco añade al que hace quince días Justicia puso encima de la mesa y Compromís acabó frenando.

La madre del cordero era la desaparición de la ley de la aplicación automática del requisito en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la norma si en este período no se aprobaba el reglamento que fija qué nivel exigir a cada puesto.

El Jurídic cuestionó el blindaje

Este blindaje que en su día impuso Educación fue cuestionado por el Consell Jurídic Consultiu, lo que permitió a Bravo retirar la cláusula de salvaguarda. Educación acabó cediendo y renunció al blindaje, pero a cambio apretó a Bravo por el control de la comisión que debe establecer los criterios del futuro reglamento.

Formalmente, la ley que ayer pasó por el primer filtro del denominado consellet (reunión de subsecretarías) no baja al detalle de cómo funcionará la citada comisión. El texto consensuado reza lo siguiente: «En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente ley el Consell aprobará, a propuesta de la conselleria competente en materia de función pública, la disposición reglamentaria que determine, respetando, en todo caso, los principios de proporcionalidad y adecuación a las funciones correspondientes, previstos en el artículo 62.1,g) de la presente ley, el nivel de conocimiento de valenciano exigible en el ámbito del empleo público de la Comunitat Valenciana, previo informe favorable en lo relativo a esta materia de la conselleria competente en materia de política lingüística».

El redactado es muy similar al presentado hace quince días con la salvedad de que Educación ha forzado que aparezca el término «exigible» y Bravo los conceptos de «proporcionalidad y adecuación». Unos y otros son prescindibles porque ya estaban de manera directa o indirecta recogidos en el articulado de la ley. Además, Educación cuela que el informe de su departamento sea «favorable». Al final, la clave de bóveda del problema sigue sin resolverse. El acuerdo verbal es que habrá una comisión interdepartamental con representación de Función Pública, Educación y Presidencia. La ley que se manda a las Corts establece que el reglamento se aprobará «a propuesta» de la conselleria con el «informe favorable» de Educación.

Fuentes de Función Pública precisaron que esa comisión se limitará a fijar los criterios, pero el reglamento será elaborado y presentado por la conselleria de Bravo tras acuerdo sindical. Así las cosas, resulta evidente que Bravo tendrá la sartén por el mango. La necesidad de un informe favorable garantiza a Educación la supervisión, pero en el caso de bloqueo, con la ley aprobada el requisito seguirá sin exigirse.

La voluntad de no seguir bloqueando la ley ha allanado el acuerdo entre Educación y Justicia pues permite salvar los muebles a ambos y neutralizar la imagen de enfrentamiento dentro del Botànic II . Eso sí, en la práctica la aplicación del requisito se queda en el limbo y es complicado que se aplique en los próximos años. Dependerá de la voluntad de política, del momento electoral y de las ganas de ponerse de acuerdo.

En realidad, ambos socios están de acuerdo en introducir el requisito, pero discrepan en el cómo. En todo caso, no será exigible para las convocatorias de empleo público que ya están convocadas. La ley tiene ahora que ser debatida en las Corts, por lo que aún pasarán meses hasta su aprobación.