15 de febrero de 2020
15.02.2020
Reglamento

Bravo garantiza en 2021 el requisito lingüístico pese a la batalla interna

La consellera insiste en que la exigencia del valenciano, incorporada en la nueva Ley de Función Pública, será "proporcional" y "adecuada" a cada puesto

15.02.2020 | 00:21
La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, junto a la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ayer.

Después de más de tres años de disputas y aplazamientos, el Consell aprobó ayer al instrumento normativo con el que pretende modernizar y transformar la Administración Pública. Con una comparecencia conjunta, la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, escenificó junto a la vicepresidenta Mónica Oltra la tregua alcanzada para desatascar la Ley de Función Pública, que por primera vez incorpora la exigencia del conocimiento del valenciano como requisito para acceder a un puesto funcionarial. De momento, PSPV y Compromís han salvado las hondas divergencias que mantienen sobre el grado de aplicación de esta medida a través de un acuerdo en virtud del cual la Conselleria de Educación supervisará el reglamento que, en el plazo de un año, debería definir el nivel de lengua autóctona demandado a cada empleado público.

En diferentes círculos ya han surgido voces que desconfían del plazo marcado y observan el pacto como una huida hacia adelante que únicamente aplaza la batalla sobre la forma en que se desarrolla el requisito. Bravo, sin embargo, se mostró ayer convencida de que el reglamento estará listo antes del ecuador de la legislatura, en 2021. Como ha demandado desde el principio, la consellera insistió en que la exigencia lingüística será «proporcional» y «adecuada» a cada puesto funcionarial en virtud de las funciones asignadas y de la relación que tenga el empleado público con la ciudadanía.

El reglamento dependerá en última instancia de un informe de la Conselleria de Educación, en manos de Compromís. En la redacción participará una comisión de expertos de perfiles y ámbitos diversos, con presencia de técnicos de las direcciones generales de Política Lingüística y Función Pública, así como de miembros de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) y de las universidades.

Aunque el texto de la ley aún ha de perfilarse en las Corts, Bravo aseguró ayer que el reglamento se diseñará de forma paralela a la tramitación parlamentaria para tener «una foto fija» de todos los puestos de la Administración y determinar el nivel de exigencia del valenciano en cada caso. Según la consellera, se han solucionado los «matices» que hace solo 15 días bloquearon la aprobación de la ley. «Puede haber discrepancias, pero en el Consell somos capaces de dialogar», sentenció.

Cambio normativo

En 2017, Compromís introdujo una cláusula de salvaguarda que obligaba a poner en marcha el requisito lingüístico por categorías funcionariales al año de aprobarse la Ley de Función Pública, estuviera o no listo el citado reglamento. Esta aplicación autonómica, sin embargo, se ha retirado de la normativa después de ser cuestionada por el Consell Jurídic Consultiu. Educación cedió y renunció a ese blindaje, pero a cambio se ha garantizado un mayor nivel de supervisión del texto.

Bravo sostiene que la nueva ley es la más avanzada de España «en la consecución de la igualdad y en la presencia equilibrada de hombres y mujeres en la Administración». La norma brinda más eficacia, transparencia y participación a la administración, a tiempo que reduce a la mitad los cuerpos y escalas, suprime la exigencia del máster para acceder al empleo público, facilita la movilidad de funcionarios e introduce mecanismos para paliar la interinidad.

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