La finca de la Barraca d'Aigües Vives (Alzira) del exconseller condenado por corrupción Rafael Blasco vale algo más de lo que él proponía. El doble, en concreto. La reciente tasación realizada por el Colegio de Procuradores de Madrid de la propiedad del político le pone un precio de 891.o58 euros, según la documentación a la que ha tenido acceso este diario. La cifra contrasta con la que el exportavoz del PP en las Corts señalaba hace un año para vender la hacienda: 410.000 euros.
La última tasación ha forzado un cambio de planes de la Generalitat. Presidencia se decantaba por una dación en pago de la finca, a la vista de la cantidad propuesta por Rafael Blasco y de la imposibilidad de que técnicos de la Conselleria de Hacienda entraran en la propiedad para realizar su valoración. Eso era antes de que recibieran el documento del Colegio de Procuradores, que actúa a petición del Tribunal de Cuentas. Este tiene en marcha un proceso de subastas de inmuebles de los condenados del caso Cooperación para resarcir a las arcas públicas del perjuicio causado.
Tras la valoración cercana a los 900.000 euros, el Consell prefiere esperar a la subasta del feudo familiar de Rafael Blasco y su mujer, Consuelo Císcar, también procesada por un caso de corrupción (el del IVAM, que dirigió durante una década). Fuentes del Ejecutivo aseguran que el criterio será el mismo que en los pisos de la fundación Cyes: la Generalitat se los quedó tras una subasta en la que las ofertas quedaron muy por debajo del precio de salida. Cuenta en estos casos con la posibilidad legal de quedárselos en propiedad por el 70 % de la tasación.
La finca familiar de la Barraca d'Aigües Vives es la joya de la corona del patrimonio inmobiliario de Rafael Blasco. Tiene un valor simbólico añadido, ya que ha sido lugar habitual de encuentros políticos y culturales durante los años de gloria de la pareja Blasco-Císcar.
Su venta o entrega a la Administración colea desde hace más de un año. Al exconseller de casi todas las carteras con el PP (Empleo, Bienestar Social, Sanidad, Territorio y Cooperación) le convenía la acción dentro de la negociación con la Fiscalía para un acuerdo por la segunda pieza del caso Cooperación. En general, el epígrafe engloba la actuación judicial por el saqueo de fondos de la ayuda a los países pobres. Blasco fue condenado a seis años y medio de prisión por la primera de las tres piezas del caso y goza desde enero de 2019 del tercer grado penitenciario. Él y el resto de implicados de la trama fueron condenados también al pago de 1,6 millones por los daños causados (2,7 millones tras la suma de intereses y costas).
La oferta de Blasco
En este contexto, los representantes de Blasco ofrecieron hace un año la venta de la hacienda de la Barraca d'Aigües Vives, que incluye tres inmuebles en su interior. Aseguraban tener una oferta de compra por 410.000 euros, que era la tasación que decían había realizado una consultora privada, y proponían realizar la operación y que la cantidad sirviera para pagar parte del perjuicio causado.
La Generalitat se opuso y pidió una valoración in situ por técnicos propios, que nunca llegó a realizarse. El trasfondo es que desconfiaba de una venta pactada a un precio bajo y que la propiedad regresara después a manos del condenado. Por ello, prefería una dación en pago de la propiedad, que no llegó a ejecutarse. Durante todo este procedimiento administrativo, el exconseller alcanzó finalmente (en mayo de 2019) un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía a cambio de reducir la petición de pena.
Asimismo, el Tribunal de Cuentas ordenaba la subasta de los bienes inmobiliarios de los implicados en la red. En ellos incluía la finca familiar del principal acusado. Facultaba además al Colegio de Procuradores de Madrid a organizar las pujas de las posesiones. Por ello, la entidad realizó una valoración «con posibilidad de acceso al interior» de la finca de Blasco. El resultado es el reseñado: el doble de la tasación privada presentada por el excargo del PP.
La Generalitat cree que alcanzaría la cantidad a recibir del primero juicio del caso (los 2,7 millones) si suma finalmente los casi 900.000 euros a las tres viviendas ya incorporadas al patrimonio público y las cuentas bancarias y salarios y pensiones retenidos.
