Como buen cartagenero, el exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, lleva el mar en la sangre, como los corsarios de raza. Su pasión por el agua le ha llevado a surcar el Mediterráneo en todo tipo de barcos. Desde el yate familiar de los Barceló, su familia política, a nombre de la mercantil Promociones Les Dunes, al del empresario y exvicepresidente de la extinta CAM, Antonio Gil Terrón, el del arquitecto y promotor, Enrique Roig, o el «Nacavi», propiedad de la Clínica Salus de Benidorm, cuyo máximo accionista era Carlos Paz,ya fallecido, uno de los empresarios beneficiados por las adjudicaciones de las resonancias en Alicante.

Al entonces portavoz del PP en el Congreso también se le vió disfrutar del olor a salitre durante el verano de 2004 a bordo del yate «Ubi bene», expresión latina que significa «donde se está bien», un barco de lujo de 23 metros de eslora, registrado a nombre de la mercantil Construcciones Navales Palacio, de la que es máximo accionista el empresario y actual presidente de la patronal alicantina, Perfecto Palacio.

Esta querencia por el mar fue, sin duda, el acicate para que el mismo Eduardo Zaplana se involucrara personalmente en dos procesos de negociación para que uno de sus presuntos testaferros, el uruguayo Fernando Belhot, y un exdiputado del PP de Madrid, Íñigo Herrera, se convirtieran en accionistas mayoritarios -sin éxito- del puerto deportivo de Altea, Luis Campomanes, gestionado desde 1997 por Marina Greenwich SA.

El sumario del caso Erial también recoge, de hecho, cómo Zaplana y sus dos presuntos testaferros alicantinos -Joaquín Barceló y Francisco Grau- pretendían hacer caja con la indemnización de 93 millones que Marina Greenwich SA reclama a la Generalitat por no haber podido duplicar de 570 a 1.089 amarres la capacidad del puerto de Altea. Una ampliación que comenzó a gestarse en 1999, con Zaplana de presidente de la Generalitat, pero que el Tribunal Supremo anuló en 2013, por su grave afección a 40 hectáreas de posidonia y a los ecosistemas litorales terrestres. El sumario del caso Erial recoge la grabación de una conversación entre el presunto testaferro Joaquín Barceló y el empresario Roberto Bataouche, propietario del 25% de Marina Greenwich SA y también investigado en el caso Erial. Ambos conversan el 5 de febrero de 2018 a las 17.42 horas. A instancias de Barceló, Batauoche asegura: «Si estáis de acuerdo, en el momento que tengamos el juicio favorable... Ver la cantidad que tenemos nosotros puesta en contabilidad y, a partir de ahí, hay que decir a este señor [los investigadores creen que se refiere a Zaplana] que sí estamos dispuestos a pagarle si sale bien el juicio. ¡Que está a punto de caer! ¡Eh!».

Precisamente en el puerto de Altea tuvo Joaquín Barceló amarrado, desde 2006 a 2016, el barco Loix, otro Astondoa azul y blanco de 13 metros de eslora, en el que también figuraron como armadores Eduardo Zaplana, su asistente Gregorio Fideo y su exjefe de gabinete, Juan Francisco García.

Las últimas aventuras marinas que ha desvelado el caso Erial son los cruceros por el Mediterráneo con escala en Atenas, Croacia y Montenegro que Zaplana y algunos de sus más fieles seguidores (la diputada Macarena Montesinos y el exconcejal de Alicante, Pedro Romero, entre otros) disfrutaron entre 2008 y 2010, cuando la crisis arreciaba y el común de los mortales se apretaba el cinturón para poder llegar a fin de mes.