Un estudio sobre las ofertas de empleo público en la Administración Local de la Comunitat Valenciana en los tres últimos años elaborado por la federación de servicios a la ciudadanía del sindicato Comisiones Obreras concluye que cerca del 90 % de las propuestas de empleo publicadas en este trienio, 2017, 2018 y 2019, están pendientes de convocar.
En total se han aprobado y publicado en estos años 8.002 ofertas de empleo público, pero se han convocado en este trienio 1.107, un 14 % de media en los tres años, aunque ha habido ejercicios, en concreto los dos últimos, en los que el porcentaje ha caído al 8 %.
Para el sindicato resulta evidente que después de los peores años de la crisis que estalló en 2008 y a la que siguieron las restricciones impuestas desde 2012 por los sucesivos gobiernos de Mariano Rajoy se produjo una incipiente recuperación económica que, sin embargo, no ha acabado de concretarse en el aumento de empleo público en los ayuntamientos.
Los autores del estudio ponen en valor los acuerdos firmados para la mejora del empleo en las administraciones que buscaban rebajar la temporalidad al 8 %, aunque aseguran que al final no ha sido un objetivo asumido por las administraciones. El portavoz de Comisiones Obreras, Julio Conesa, entiende que hay una actitud poco favorable de la Administración Local, porque, aunque la estabilización del empleo público acabaría con la precariedad, a muchos ayuntamientos no les interesa, porque esa precariedad es un instrumento en manos de las alcaldías y tiene mucha importancia «porque se prefieren trabajadores precarios antes que con empleo estable. El primero permite trabajadores más disponibles y dóciles y los ayuntamientos actúan como las empresas que prefieren personal temporal al fijo», dice.
En su opinión hay toda una serie de motivos que han creado una cultura de la temporalidad y de plantillas flexibles que se ha instalado independientemente del color político. «De otro modo no se entiende que cuando en 2017 se firman los acuerdos hay un espaldarazo y se llega a más del 20 % de ofertas, luego empiezan a caer, porque valoran que aquello no les resolvía ningún problema», añade. El estudio concluye que los recortes de plazas de la era Rajoy no provocaron una reducción del gasto, sino que trasladaron la temporalidad a la contratación de personal y se extendió de forma generalizada la presencia de empleo precario, ya que más del 30 % de las plantillas locales son interinas, un porcentaje mayor que el del empleo privado. «Es histórico que se haya superado el listón de la empresa privada», señala Conesa.
En 2017, el número total de plazas en Oferta de Empleo Público aprobadas y publicadas ascendió a 1.751, mientras que las convocadas por los ayuntamientos se quedaron en 449. Por lo tanto 1.302 plazas ofertadas no iniciaron el proceso selectivo correspondiente. Resulta llamativo, añaden, que atendiendo al Acuerdo sobre Mejora del Empleo, los procesos de estabilización de 2017 contemplaran un total de 326 plazas ofertadas de las que tan solo se han convocado 52, un 15 %. Y de las plazas de nuevo ingreso, no afectadas por el Plan de Estabilización, se ofertaron en ese año 661 y se han convocado 235, un 35 %, quedando pendientes 426.
Según los datos, en 2018 se produjo un enorme descenso con respecto al año anterior y resulta más llamativo para el sindicato que en ese año atendiendo al Acuerdo sobre Mejora del Empleo, y viendo lo acontecido en 2017, los procesos de estabilización contemplaran más plazas, un total de 1.436 ofertadas y sin embargo se redujeran las convocadas proporcionalmente a 141, un 9,8 % Y de las plazas de nuevo ingreso, no afectadas por el Plan de Estabilización, ofertadas 965, se convocaron tan solo 123, un 12,7 %, quedando pendientes 842. En 2019 se publicaron 2.361 plazas y las convocadas por los ayuntamientos llegaron a 280 por lo que 2.081 no iniciaron el proceso selectivo oportuno.
