? El senador de Compromís, Carles Mulet, ha presentado una pregunta al Gobierno en el que interroga al Ejecutivo de Pedro Sánchez sobre «si va a impulsar los cambios necesarios para que la Administración General del Estado asuma el coste de las escuchas para evitar filtraciones por parte de las compañías telefónicas». Mulet se hace así eco de la noticia publicada ayer por Levante-EMV en la que se informaba que el teléfono personal de Eduardo Zaplana no se intervino porque la normativa obliga a la justicia a informar a la compañía telefónica interesada cuando se quiere realizar una intervención de las comunicaciones. Zaplana era alto directivo de Telefónica, la empresa a la que se debía haber solicitado el «pinchazo». En Gran Bretaña no es necesario este permiso, porque el Estado asume el coste de las escuchas. En España lo asumen las compañías.
