En el fútbol existen los tantos en propia puerta. No suelen suscitar dudas éticas. Ni siquiera en los partidos sobrevolados por la sospecha de amaño. A veces dan risa. Y otras siembran tragedias. Como la que sepultó al colombiano Andrés Escobar, autor del autogol que provocó la derrota de su selección ante Estados Unidos, en el mundial del 94. Un 22 de junio. El 2 de julio Escobar fue asesinado. El ambiente se crispó porque su país no había encajado bien la derrota. Y el narcotráfico no digirió las pérdidas en las apuestas. Apostar no es ganar, ni siquiera significa invertir.
Las estrategias políticas y de comunicación bailan entre la apuesta y la inversión. Como la campaña política y mediática impulsada por Eduardo Zaplana y ejecutada a través de afines y profesionales de la comunicación corporativa de reconocido prestigio para lograr su libertad por razones «humanitarias», de extrema urgencia médica, cuando su estado de salud se agravó y motivó la última hospitalización en La Fe del preso preventivo, desde el 18 de diciembre de 2018 al 11 de febrero de 2019.
La asfixia ejercida contra la UCO, el fiscal y, muy especialmente, la jueza del caso (con revelación de circunstancias personales), para lograr la excarcelación del enfermo aceleró la resolución de las comisiones rogatorias en Uruguay, Luxemburgo y Suiza. Misiones emprendidas para lograr la colaboración de los testaferros Fernando Belhot y Beatriz García Paesa, sobre todo en la recuperación del dinero, objetivo prioritario para la jueza Isabel Rodríguez y el fiscal Pablo Ponce. El 18 de diciembre, Zaplana fue trasladado desde la cárcel al hospital. Su salud se había «deteriorado gravemente» como consecuencia de la enfermedad de injerto contra huésped derivada del trasplante de médula al que fue sometido, según el parte médico del hospital.
La causa, en peligro de muerte
La campaña Libertad para Eduardo Zaplana dio un salto de calidad. Judicial, mediático y, especialmente, político. Pero la presión a favor de la excarcelación venía de lejos. Arrancó prácticamente el día que el exinquilino del Palau se mudó a Picassent, en mayo de 2018, traslado que perjudicó a la logística para la gestión y repatriación del dinero de toda la red de comisiones. Que siguió operando el tiempo que Zaplana estuvo en prisión incondicional y sin fianza. Siete meses en los que la jueza rechazó hasta cinco recursos de los letrados del expresidente en los que solicitaba la puesta en libertad o arresto domiciliario de su cliente. La defensa aportaba informes avalados por el jefe de Hematología del hospital, Guillermo Sanz, que era quien lo trataba, que alertaban de que la vida del paciente corría serio riesgo. Pero la jueza -con partes, además, de médicos forenses-, la UCO y Anticorrupción tenían constancia de que la más amenazada de muerte era la causa.
La instructora alertaba del riesgo de fuga y de destrucción de pruebas de un Zaplana que no dejó de mover los hilos del Erial ni siquiera en las etapas en las que estuvo hospitalizado. Era conocedora también, por los seguimientos policiales, de que la grave enfermedad no fue óbice para seguir con unos hábitos de vida absolutamente normales. En su caso, de lujo.
Los investigadores tenían constancia (por esos rastreos vía GPS, así como micrófonos y teléfonos intervenidos) de que Zaplana había seguido haciendo negocios incluso desde el hospital. De hecho, dos meses antes de su detención del 22 de mayo de 2018, y durante un ingreso en La Fe, recibió la visita de su testaferro Joaquín Barceló Pachano, después de reclamarlo para una reunión urgente.
El citado doctor Guillermo Sanz, que era quien lo trataba, alertaba, en esos días navideños, de la posibilidad de que Zaplana presentara «una infección grave» con riesgo para su vida en los siguientes tres meses. Probabilidad «cercana al 100 %», remataba en València. Mientras tanto, se iban acelerando las gestiones para que en Luxemburgo, en el número 5 del Bulevar Royal, la jefa y propietaria de GB Avocats Luxembourg, la letrada García Paesa, colaborara en la deconstrucción del imperio para camuflar mordidas levantado desde su despacho y edificado en parte con cemento de Asedes Capital, la matriz del grupo Sedesa de los Cotino.
El papel del hematólogo
Tan verosímil era la situación extremadamente crítica del exjefe del Consell que una emisora local valenciana llegó a informar por error de su muerte a través de redes sociales. El doctor Sanz asumió el papel de abogado defensor, además de hematólogo, y denunció un «trato inhumano» a su paciente. «Los jueces no entienden de medicina y menos de leucemia», asestó. La jueza no cedió y las presiones seguían ejerciendo de acelerador de las comisiones rogatorias internacionales.
Navidad son fechas propicias para ablandar corazones. También de políticos preocupados por el estado de salud del exjefe del Consell. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, alegó razones «humanitarias» para pronunciarse por la excarcelación y arresto domiciliario sustitutivo y la vicepresidenta Mónica Oltra sentenció que ningún enfermo «pinta nada en prisión». El más solemne fue Pablo Iglesias: «La humanidad engrandece la democracia, también cuando se enfrenta al crimen». Hasta Bildu se sumó a la petición de clemencia.
Alberto Fabra, por la libertad
Durante esas fechas tan dadas a las campañas comerciales, el expresidente de Nuevas Generaciones del PP José Luis Bayo, inició en Change.org una campaña de solidaridad con el exministro y denuncia de la negativa de la jueza a liberar a Zaplana. Una lista en la que se apuntaron 12.035, si bien luego hubo un docena de deserciones. El desencanto es un clásico en la política. 12.023 voces para solicitar «nuevas medidas cautelares que otorguen la libertad provisional a don Eduardo Zaplana Hernández-Soro». Persona que padece «una enfermedad incurable que lo ha conducido a las puertas de la muerte, según el último parte médico del jefe del Servicio de Hematología del Hospital la Fe, Don Guillermo Sanz Santillana», decía el texto peticionario impulsado por Bayo González. Entre los que secundaron la campaña a favor de Zaplana figuraba el expresidente de la Generalitat Alberto Fabra.
«Por humanidad» era el motivo más aducido para pedir la libertad de Zaplana por parte de los firmantes. Algunos abajo firmantes aprovecharon para descalificar a la jueza y otros aludían a un trato discriminatorio al expresidente respecto al etarra Josu Uribetxeberria Bolinaga, a quien se le otorgó la libertad provisional en junio de 2014 al padecer un cáncer terminal. Murió meses después.
Conforme arreciaba la campaña, se aceleraban los trámites para firmar el pacto con Belhot para la confesión y repatriación del dinero. El 25 de enero, el testaferro uruguayo ordenó dos transferencias desde el banco suizo Julius Baer a la cuenta de los juzgados. Justo siete días antes, Beatriz García Paesa, había comparecido en la Ciudad de la Justicia para confesar su papel clave en la trama societaria, desde la constitución de Imison Internacional.
El 11 de febrero, Zaplana salió del Hospital la Fe, a primera hora, casi a la vez que el sol. Con el alta médica y la libertad provisional decretada por la jueza, al entender que la salud de la causa, en especial la de la estrategia de recuperar fondos, estaba a salvo.
