El «importante» número de solicitudes presentadas; la «complejidad» administrativa de la tramitación de los expedientes; la «insuficiente» formación de los profesionales; la «falta de adecuación» de la aplicación informática para poder introducir variaciones y supuestos previstos en la ley; y la «insuficiencia y temporalidad» de los profesionales encargados de la tramitación de expedientes. Estas son las causas que argumentan los retrasos de la Renta Valenciana de Inclusión, la ayuda prevista para «rescatar personas» que acumula quejas y reclamaciones a pesar de beneficiar ya a más de 31.000 personas que ya están recibiendo una prestación media de 689 euros, según los últimos datos aportados por la Conselleria de Igualdad antes de finalizar el año 2019.
El Síndic de Greuges abrió una investigación de oficio hace meses tras acumular quejas y reclamaciones de particulares que explicaban las demoras y problemas que estaban sufriendo para poder cobrar la renta. Así, tras exigir respuesta a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y pedir información a 25 ayuntamientos para entender las dificultades que tienen a la hora de sacar adelante los expedientes, el Síndic de Greuges, Ángel Luna, concluye en su informe que se «debe dotar de personal los servicios sociales de las entidades locales (técnico y administrativo) así como su estabilidad como plantilla de los mismos» y también ampliar personal «en los servicios de las Direcciones Territoriales, que se ocupan de la gestión de la Renta Valenciana de Inclusión».
Financiación anual
Y es que la falta de personal parece ser el talón de aquiles de la gestión de una ayuda que esperan miles de familias como agua de mayo. De hecho, el informe del Síndic señala que los ayuntamientos, especialmente los de mayor población, «sobrepasan con creces los plazos establecidos, comenzando ahí la demora de la resolución de expedientes». Así, los ayuntamientos consultados por el Síndic afirman que la falta de personal es uno de los problemas que causan las demoras.
«Para la realización de las funciones atribuidas, los ayuntamientos cuentan con la financiación de la conselleria. Dicha financiación es de carácter anual. Algunos ayuntamientos indican que la financiación anual está provocando que deban de interrumpir las contrataciones llegado el 31 de diciembre de cada año, no pudiendo volver a contratar personal hasta que se disponga de nueva financiación. Este hecho provoca la interrupción de procesos ya iniciados, el retraso de procesos pendientes de inicio y variación de profesionales de referencia para las personas beneficiarias de la Renta Valenciana de Inclusión y de sus unidades familiares», recoge el informe del Síndic. Y es que el plazo para resolver los expedientes está fijado en 6 meses, aunque en numerosas ocasiones este plazo se incumple, lo que ha generado la investigación del Síndic ya que «hemos recibido quejas que suman más de 16 meses de tramitación y siguen sin ser atendidas».
Así, Ángel Luna concluye en su informe que «la Renta Valenciana de Inclusión tiene, como principal objetivo, cubrir necesidades básicas de las unidades de convivencia que carezcan de recursos económicos suficientes para la cobertura de las mismas, por lo que las demoras en la resolución de los expedientes suponen la vulneración de un derecho subjetivo que contempla la ley y agrava las situaciones de exclusión social o riesgo de exclusión social en las que se encuentran las personas solicitantes y sus unidades de convivencia».
