Casi 38 años después de la aprobación del Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, el 1 de julio de 1982, cuando los derechos lingüísticos ya no parecen estar en cuestión, la Jefatura Superior de Policía de València se ha visto en la obligación de recordar a sus agentes que, en este territorio, «conviven en régimen de cooficialidad dos lenguas, el castellano y el valenciano». Y fija, como «premisa fundamental» para «seguir avanzando en la mejora de la atención al ciudadano», que «no se debe nunca cuestionar el derecho que los valencianos tienen a que se les atienda en su idioma».
Parece una orden interna propia de varias décadas atrás, pero no debe serlo, a juzgar por la sorprendente respuesta de algunos sindicatos, que no se ha hecho esperar.
La orden de servicio, firmada por el segundo jefe de la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana, el jefe regional de Operaciones (JERO), fue emitida el pasado 5 de febrero después del 'tirón de orejas' por parte de la Oficina de Drets Lllinguístics (ODL) de la Generalitat Valenciana y de la Delegación del Gobierno tras la denuncia de un ciudadano.
No pudo denunciar en valenciano
El escrito para instruir a los policías dependientes de la Jefatura Superior de Policía, que «ejerce su competencia dentro de la Comunidad Autónoma Valenciana», recuerda la orden de servicio, se produce después de que «recientemente» una persona que acudió a una comisaría a presentar una denuncia en valenciano se topase con un policía que le puso problemas alegando que se trataba de «una lengua desconocida para este».
El ciudadano presentó una reclamación a través de la Plataforma per la Llengua País Valencià que acabó en la ODL y esta, a su vez, dio traslado del incidente a la Delegación del Gobierno, que recordó a la Jefatura de Policía la obligación de atender a cualquier ciudadano en cualquiera de las dos lenguas cooficiales en el territorio valenciano.
Tras recordar a sus agentes que los valencianos gozan del derecho a ser atendidos en ese idioma, el JERO ordena que «se informará a la ciudadanía» de que disponen de varios documentos redactados en valenciano en las oficinas de denuncias y que, en las de documentación, «se les ofrecerá la posibilidad de expedir el DNI en idioma valenciano».
Además, estipula que los jefes de los servicios donde se presta atención directa al ciudadano deben procurar «en la medida de lo posible» que «cada turno cuente con al menos un funcionario que pueda atender en idioma valenciano». Y, en el caso de que no lo haya, que «se arbitren otras soluciones»: traer a un policía de otro servicio para que atienda al ciudadano o «emplazar, cortésmente» a este para que regrese «en el plazo más breve posible en el que se cuente con esa posibilidad».
La reacción no se ha hecho esperar. El sindicato policial Jupol se revolvió ayer contra la orden, como ya lo hizo antes la Unión Federal de Policías -que consideró que la queja procede de una entidad «nacionalista catalana»-, y exigió su retirada alegando que «esta orden puede provocar que a ciertos funcionarios se les cambie de turno en contra de su voluntad o que se les exija un cometido (traductor) para el que no han sido formados».
Jupol critica que «hay que tener mucha caradura para que, encima que ni se forma ni se reconoce la formación en valenciano a los agentes de la Policía Nacional, se les exija su utilización hasta el punto de poder condicionar sus turnos de trabajo» y termina alegando que «el propio Estatuto de Autonomía establece, respecto de las lenguas oficiales, que todos los valencianos tendrán el derecho a conocerlas, pero en ningún caso el deber, cosa que sí establece la Constitución Española respecto al castellano en su artículo 3.1».
