El inspector jefe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF), que ha analizado la mayor parte de la documentación relacionada con varios casos de corrupción vinculados a cargos del PP, cerró ayer las declaraciones de testigos de la causa abierta en Instrucción 2 por la Fórmula 1 de València. La declaración se centró en torno al contrato de julio de 2011 por el cual la Generalitat sustituyó a Bancaja como avalista de la empresa Valmor en la organización de la Fórmula 1, el único aspecto controvertido en el que se centra esta pieza de la causa.
El responsable de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Nacional explicó que, del análisis de los correos electrónicos intervenidos, se deduce que fue la exdirectiva de la empresa pública Proyectos Temáticos Belén Reyero la que dirigió la negociación con el entonces magnate de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, y que considera que lo hizo al dictado de Francisco Camps.
Sin embargo, la defensa del expresidente ha mostrado documentación en la que se contradice la idea de que ese aval fuese firmado el 19 de julio de 2011, un día antes de la dimisión de Camps tras conocerse su procesamiento en la conocida como causa de los trajes del caso Gürtel. Según esta documentación, dicho contrato no se firmó el día 19, sino que ocho días antes fue rubricado por la entonces consellera de Deportes, Lola Johnson, y los altos cargos Luis Lobón, Eusebio Monzó y Nicolás Figueras, y remitido el 12 de julio a Londres para su firma por las empresas de Ecclestone. El responsable de la UDEF no reflejó esta sucesión en su informe porque el contrato no regresó firmado de Londres hasta el 20 de julio.
