La realidad migratoria en España ha cambiado mucho en diez años. Frente al bajo número de solicitudes de asilo de hace una década, la cifra se disparó el pasado año hasta las 118.000, la tercera más elevada de la Unión Europea. Pero Bruselas considera que la normativa española está obsoleta, y lleva años reclamando un cambio en la legislación acorde a las directivas comunitarias.
Por este motivo, Interior prepara una ley con más restricciones al derecho de asilo. El borrador limitaría el acceso a la protección en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y ampliaría los motivos de denegación de las solicitudes de asilo. Una reforma que ha provocado el primer desencuentro entre los socios del Gobierno de coalición, que preside Pedro Sánchez.
No obstante, el Ministerio de Interior precisó ayer que la ley está aparcada hasta la aprobación por la Comisión Europea del Sistema Común de Asilo. Pese a todo, las organizaciones civiles que defienden los derechos humanos en los procedimientos de control de fronteras manifestaron su preocupación ante lo que consideran un retroceso en la garantía del derecho de protección internacional.
El coordinador de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en la Comunitat Valenciana, Jaume Durá, anunció que solicitarán «una mejora de la actual ley y la necesidad de un pacto de Estado en materia de asilo que no suponga un retroceso a la protección internacional».
Por su parte, Francisco Solans, portavoz de Abogados Extranjeristas, advirtió: «Si nos tenemos que adaptar a Europa, hay que adaptarse a todo, porque en la Unión Europea la media de solicitudes de asilo favorables está en un 25 % mientras que en España está en un 5 %».
Según Solans, «el mensaje que está dando el Ministerio de Interior es el de mano dura con la inmigración. No solo es incoherente con el acuerdo de gobierno, sino con el mensaje que se da desde el Ministerio de Seguridad Social y Migraciones, que fue mucho más abierto con la inmigración».
Paula Guerra, presidenta de SOS Racismo, también lamentó la posición del Ejecutivo tras las directrices comunitarias y aseguró: «No pensábamos que el nuevo Gobierno se iba a subir al carro de la Europa Fortaleza, y de repente nos hemos encontrado con una coalición de izquierdas que quiere hacer más altas todavía las vallas de la frontera sur y que aplaude la decisión del Tribunal de Estrasburgo de avalar las devoluciones en caliente». Para Guerra, se trata de una medida «cruel y efectista, que quiere mandar un mensaje a una parte de la población contraria a la inmigración».
Diego Fernández, abogado especialista en extranjería del Servicio Jesuita de Migrantes, señaló que desde la organización han evidenciado que «tanto la normativa comunitaria como muchos mensajes que están trasladando los políticos europeos apuntan a que se creará una normativa mucho más restrictiva». Por su parte señalaron que «siempre reivindicaremos que tiene que haber un acceso por vías legales y seguras para solicitar protección internacional y que los expedientes en España sean estudiados con garantías».
Endurecer los plazos en los CIE
Otra de las medidas que el Ejecutivo ha incluido en el borrador que adapta la lay de asilo es el acortamiento de los plazos para solicitar protección internacional dentro de los CIE. De hecho, esta medida está incluida de motu propio por el Ministerio de Interior, ya que no es una de las exigencias de Bruselas.
Desde la campaña por el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs NO) en València, señalaron que se trata de una medida que endurecerá todavía más las condiciones en los centros. «La mayoría de las personas a las que se encierra en un CIE no se enteran de que existe la posibilidad de pedir asilo hasta varios días después de entrar. Cuando ingresan en el CIE nadie les suele informar de sus derechos, esto no se hace en la mayoría de los casos. Esta decisión de poner impedimentos para el asilo contradice totalmente la política migratoria de este nuevo gobierno».
