Las inspecciones de control de vertidos industriales en la Comunitat Valenciana no cumplen los objetivos anuales. Así se desprende de la auditoría realizada a la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar) entre 2015 y 2017. De los 3.000 registros que deberían haberse llevado a cabo, en las memorias de gestión solo se reflejan 2.605, «por debajo de las estimaciones de carga de trabajo que se tuvieron en cuenta para licitar el contrato de servicio de las asistencias técnicas». La media anual de empresas inspeccionadas es de 1.493 frente a las 1.875 previstas, con 1.526 muestras tomadas en vez de las 2.300 establecidas.

La finalidad de estos chequeos es el de proteger las depuradoras frente a la entrada de aguas con alta carga contaminante. Tal como recuerda el informe enviado al Síndic «se busca que las empresas viertan los restos de sus actividades industriales con unas características físico-químicas asimilables a las de procedencia doméstica». Las inspecciones se efectúan no solo sobre el canon de saneamiento para verificar la veracidad de los datos declarados, sino también sobre la calidad de los vertidos con control de las redes de saneamiento y polígonos industriales para determinar la presencia de focos contaminantes aguas arriba.

En cuanto a los parámetros analíticos la cifra es de 14.315, lejos de los 21.500 para un seguimiento ideal. En la auditoría se hace saber que para alcanzar la meta fijada, la Epsar debería habilitar un presupuesto adicional de 120.000 euros anuales destinado a las asistencias técnicas, ya que el coste medio por inspección se ha estimado en unos 300 euros. También contar con más empleados, que desde su creación en 1992 ha sido aproximadamente de 43 con pequeñas oscilaciones cuando ha pasado de gestionar 376 Edar en el año 2000 a un total de 483 en 2017.

Aunque la actividad fiscalizadora ha contribuido a disminuir la cantidad de contaminación tratada en las depuradoras desde 2006, se admite que desde 2010 se ha reducido ligeramente el número de inspecciones «como consecuencia de la detección de problemas de contaminación por actividades citrícolas que ha obligado a incorporar nuevos parámetros contaminantes en los controles analíticos, lo que incrementa el coste unitario por actuación». Como dato positivo se apunta que de las 55.000 toneladas de fango con metales pesados en 2005 se pasó a solo 6.000 en 2017, con la consiguiente rebaja de costes del tratamiento de evacuación de estos residuos peligrosos.

En la auditoría, hecha pública la semana pasada, se recuerda que un proceso de saneamiento eficaz «no se limita a establecer una red de colectores que conduzca las aguas hasta las plantas depuradoras, sino que es de suma importancia controlar el ciclo desde su inicio».