Quedan ocho días para que arranque en Madrid el juicio por la corrupción derivada de la visita del papa a València y ya ha empezado la procesión de acusados en la Audiencia Nacional para firmar un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción. El pacto les permitirá obtener beneficios en la sentencia a cambio de admitir los hechos.
El acuerdo es tan ventajoso que en algunos casos el ministerio fiscal se ha comprometido a no oponerse a la suspensión de la condena, con lo que se evitaría el ingreso en prisión, si devuelven 3,2 millones del contrato de las pantallas. Quedan excluidos los 99.761 euros del contrato menor de la seguridad privada.
Según apunta la información a la que ha tenido acceso Levante-EMV, la Fiscalía Anticorrupción ha llegado a un acuerdo de conformidad con los principales acusados de esta pieza separada de Gürtel salvo con Juan Cotino, destacado dirigente del PP valenciano que se ha negado en rotundo a negociar una confesión en los términos que planteaba la Fiscalía.
La Audiencia Nacional envió a juicio a 23 personas acusadas de amañar el contrato que adjudicó Radiotelevisió Valenciana (RTVV) en 2006 para instalar las pantallas y equipos de sonido que se instalaron por la visita de Benedicto XVI, un servicio por el que Canal 9 pagó 7,4 millones de euros (con IVA), la factura más elevada de toda su historia, pese a que se valoró en poco más de tres.
En paralelo, un juzgado de València sigue investigando los presuntos contratos irregulares adjudicados por la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias, el ente en la que estaba representado el arzobispado y asumió la organización del evento. Este caso sigue en fase de instrucción al margen del juicio que se celebrará por el expolio de las cuentas de la televisión pública.
En los últimos días, varios de los procesados y sus defensas ya se han desplazado hasta la Audiencia Nacional para firmar y asumir por escrito los términos que recoge el acuerdo para cada uno.
El resto de acusados que se han sumado a esta estrategia firmarán su compromiso a lo largo de esta semana, justo antes de que arranque el juicio, cuyo inicio está previsto el 9 de marzo, matizaron fuentes de las negociaciones.
Entre los acusados que han llegado a un acuerdo está Pedro García, ex director general de Radiotelevisió Valenciana (RTVV), que se enfrenta a una petición de prisión por parte de la Fiscalía de 40 años.
La negociación con García, avanzada por este periódico, ha sido de las más complicadas por la situación de insolvencia económica que atravesaría, según ha trasladado su defensa a las acusaciones. Con el pacto, según esta información, Pedro García probablemente no evitaría el ingreso en prisión pero reduciría de manera considerable su condena y el tiempo que pasaría en la cárcel, según diversas fuentes.
Juan Cotino, en cambio, sería el gran perjudicado. El exresponsable de la televisión autonómica también está acusado por delitos fiscales y se habría comprometido a devolver a Hacienda el dinero de las multas. El acuerdo ya ha sido revisado por la jefatura de la Fiscalía y, en definitiva, consistiría en apreciar para la mayoría de acusados la rebaja de un grado en aplicación del artículo 63 del Código Penal al imputar la complicidad en determinados delitos y la atenuante analógica de confesión muy cualificada con la correspondiente rebaja de dos grados más.
Cómplices no autores
Así, para una decena de acusados el acuerdo recoge que se sustituirá el delito continuado por un delito único y los acusará por ser cómplices y no autores, lo que se traducirá con una pena inferior a 24 meses. Admitirán los delitos de prevaricación, malversación, fraude a las administraciones públicas y falsedad. El acuerdo recoge que deberán abonar solidariamente 3,2 millones del contrato de las pantallas, quedando excluidos los 99.761 euros derivados del contrato menor de seguridad.
Igualmente, según diversas fuentes, también ha admitido los hechos el propietario de Teconsa, la constructora en la que se ocultó Gürtel para ganar el contrato de RTVV. Esta empresa no tenía experiencia previa en el sector audivisual. También se habría sumado a un acuerdo el empresario Ramón Blanco Balín, exvicepresidente de Repsol. La Policía le atribuye el papel de blanquea
