El Ministerio de Trabajo transmitió ayer a las empresas que la paralización de la actividad laboral en un centro de trabajo debería adoptarse si existe un peligro «grave, inminente e inevitable» de contagio del coronavirus, y aclaró que la interpretación de la situación de riesgo debe ser «restrictiva».
Las empresas, no obstante, deberán cesar la actividad cuando las autoridades sanitarias aconsejen el cierre por razones de cautela, lo que se consideraría una causa de fuerza mayor, según consta en la Guía para la actuación en el ámbito laboral en relación al nuevo coronavirus, elaborada por el ministerio.
La guía recuerda que, dentro de la normativa laboral, existe la posibilidad de recurrir al teletrabajo y a los expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE) para reducir o suspender total o parcialmente la actividad de la empresa en caso de que sea necesario.
El texto aclara que si alguna empresa afectada por el coronavirus paraliza su actividad sin tramitar un ERTE, los empleados conservarán el derecho a su salario. En el caso de que el ERTE sea por fuerza mayor (aislamiento forzoso o cierre por decisión de la autoridad sanitaria) será necesaria la previa autorización de la autoridad laboral. Si el ERTE se justifica por causas organizativas, técnicas o de producción (falta de suministros o descenso de la demanda) se deberá tramitar conforme a los mecanismos previstos en la ley.
El teletrabajo podría adoptarse por acuerdo colectivo o individual con carácter temporal y extraordinario para el desarrollo de tareas imprescindibles que no puedan desarrollarse en el centro físico habitual, pero tendrá que revertirse cuando dejen de concurrir las circunstancias excepcionales que lo aconsejaron.
La guía hace asimismo hincapié en que la empresa debe adoptar las medidas que indiquen los servicios de prevención, de acuerdo con la evaluación de riesgos, informando de las medidas higiénicas y proporcionando los productos y elementos adecuados para seguirlas.
La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, subrayó que no se detecta un impacto en el «funcionamiento habitual» de la economía por el coronavirus, si bien admitió que si se prolonga puede tener consecuencias económicas de carácter «transitorio». En ese caso, aseguró que el Ejecutivo está «preparado» para actuar en coordinación con la Unión Europea (UE) y estudiaría medidas fiscales, como deducciones y ayudas a empresas, y revisaría el 'techo de gasto' de 2021 si se produce un impacto económico.
Así lo señaló en los pasillos del Senado antes de defender la senda de estabilidad presupuestaria para el periodo 2020-2023, en la que indicó que la prioridad es «proteger la salud de las personas» y se estaba apoyando al Ministerio de Sanidad, que tiene una «estrecha y magnífica» coordinación con las comunidades autónomas para reforzar «uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo».
No obstante, reconoció que si la epidemia se mantiene en el tiempo y se prolonga los próximos meses puede haber consecuencias en la actividad económica, tal como han venido aventurando algunos organismos internacionales.
