El PP ha vuelto a presentar otra demanda judicial contra el Consell por vulneración de derechos fundamentales y obstruccionismo a la labor del diputado sobre dos peticiones de documentación que el Gobierno valenciano ha contestado dentro del plazo legal.
Es el segundo caso en pocos días, después de que este diario publicara uno similar el pasado sábado. Los populares alegan que la respuesta no les ha llegado dentro del plazo legal, mientras fuentes del Consell insisten en que el mes de enero es inhábil y no se cuenta en ningún caso para los trámites parlamentarios.
En esta ocasión, los populares han acudido de nuevo a los tribunales para denunciar que el Consell no les ha contestado dentro de la legalidad en dos cuestiones relacionadas con las ayudas al valenciano de la Conselleria de Educación y los pagos realizados por el sector público.
Sin embargo sí existe respuesta a la documentación solicitada que, además, le llegó a la síndica adjunta del PP, Eva Ortiz, en un disco duro que el gobierno valenciano tuvo que comprar adrede para poder remitir los 341 gigas de memoria que ocupa la documentación. Incluso en el escrito de remisión de la documentación se pide al PP que devuelva el soporte de memoria (que cuesta 50 euros) una vez realizada la consulta.
Peticiones voluminosas
Los populares habían pedido todos los expedientes completos de las ayudas otorgadas al fomento del valenciano, lo que supone decenas de miles de folios.
En la misma demanda judicial, el PP denuncia que no le ha llegado en el plazo legal otra petición de documentación, en este caso correspondiente a todos los pagos realizados por el sector público. Sin embargo, a esta cuestión el Consell también respondió dentro del plazo habilitado ya que se había solicitado una prórroga de 20 días desde la Conselleria de Hacienda, algo habitual cuando se trata de peticiones voluminosas como es el caso. Fuentes del Consell apuntan que documentaciones como las que está pidiendo el PP es prácticamente imposible que puedan estudiarse en su totalidad, como los 341 gigas de memoria que les han remitido.
Por ello creen que lo que buscan los populares es un resquicio para que el Consell sea condenado y poder acusarle de obstruccionismo. El ejecutivo cree que es una estrategia porque tiene constancia de que distintos diputados realizan las mismas peticiones pero en fechas distintas, lo que evidencia que lo que se busca no es el control del gobierno sino una condena.
El Consell insiste en que el mes de enero es inhábil a todos los efectos y para todas las solicitudes de documentación, una declaración que las Corts acuerda todos los años. Esta vez lo hizo en una sesión en que la propia Ortiz estaba presente, igual que en las juntas de síndics que han aprobado las prórrogas que permitían al Consell posponer 20 días la respuesta.
