La Generalitat y la Confederación empresarial valenciana (CEV) anunciaron ayer la creación del observatorio de la cooperación público-privada entre la administración autonómica y local y las empresas privadas para impulsar proyectos de obra pública y vivienda. El acuerdo fue anunciado ayer por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, junto al presidente de la CEV, Salvador Navarro, tras el encuentro celebrado ayer entre ambos dirigentes al que también asistieron el vicepresidente de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau, el conseller de Política Territorial, Arcadi España, y la directora general de los servicios jurídicos la Generalitat, Maria José Rodríguez Blasco.

Una nueva colaboración basada en veteranas expectativas para «ver cómo podemos trabajar juntos en un momento complicado también desde la perspectiva económica para poner en marcha algunas infraestructuras y algunas acciones que sirvan al interés general desde la perspectiva de la colaboración público-privada, porque todos somos conscientes de la propia realidad financiera de la Generalitat», aseguró el jefe del Consell, Ximo Puig, en la comparecencia posterior al encuentro celebrado en el Palau de la Generalitat.

El Consell pretende crear así «desde la perspectiva de esta cooperación público-privada un marco de confianza y de credibilidad» para que «haya un acicate para acelerar proyectos que desde la perspectiva pública puedan ayudar a la reactivación económica en esta situación complicada que estamos viviendo de desaceleración», detacó Puig en su comparecencia.

Entre los primeros proyectos identificados susceptibles de beneficiarse de la colaboración público-privada el presidente de la Generalitat anunció el del tren de la costa, la ciudad ideal de Sociópolis en la pedanía de la Torre y la autovía CV-95 en la Vega Baja.

Un análisis que está en fase muy incipiente ya que, preguntado por el presupuesto que podría destinarse a estos proyectos, Puig admitió que «no se ha barajado ningún presupuesto porque no estamos anunciando que se vaya a desarrollar ningún proyecto. Sólo que hay dos proyectos donde sí que hay un cierto trabajo previo y hay una posibilidad de explorar qué se puede hacer. Pero no estamos con capacidad de tomar ninguna decisión a este respecto», respondió a preguntas de los periodistas.

El presidente de la CEV, Salvador Navarro, valoró que se haya aceptado su propuesta del observatorio para la colaboración público-privada para buscar «ese modelo de gestión que claramente beneficia tanto al sector público como al privado. Siempre en un modelo de control, de seguimiento, de evaluación y de transparencia», defendió Navarro en una clara advertencia de que no se trata de trajes hechos a medida de determinadas empresas. «Llevamos años defendiendo la necesidad del observatorio de la colaboración público-privada por lo que hoy [por ayer] es una fecha clave porque a partir de ahora tanto desde lo público como lo privado estaremos en disposición de aportar nuestro saber en infraestructuras y su gestión o en clave de vivienda social, tan importante para los ciudadanos».

Un aspecto en el que incidió el vicepresidente de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau. «Sociópolis podría ser un ejemplo de la colaboración público-privada» que, en materia de vivienda, podría materializarse en la cofinanciación del Plan Hábitat 20.30 valorado en 2.200 millones para duplicar el parque público y tener 35.000 viviendas en diez años. Otra fórmula que se explorará será la cesión por 75 años de suelo público para construir 1.500 viviendas en 45 solares de la Generalitat que se destinarían a alquiler asequible. «Ha sido una reunión muy provechosa».