El informe de la Inspección General de Servicios de la Generalitat sobre las subvenciones concedidas en régimen de concurrencia competitiva en el ejercicio de 2018 pone al descubierto varias lagunas en la gestión y en el control de los fondos público que podrían favorecer los riesgos de irregularidades y malas prácticas. Tal es así que este órgano de control interno de la Generalitat insta a las distintas conselleries a mejorar su gestión y a reforzar el control con el fin de «verificar el adecuado destino de los fondos públicos a la finalidad para la que se concedieron».
En pleno debate político sobre determinadas ayudas concedidas por el Botànic, la Inspección da a conocer una investigación que forma parte del plan de actuación ordinario referido al ejercicio de 2018. El informe hecho público (sólo está disponible un resumen) es genérico, es decir, no entra a analizar de forma detallada las 381 líneas, pero sí contiene conclusiones generales que se centran en varios aspectos: desde el uso de aplicaciones informáticas hasta el control de cumplimiento. El repaso sirve para detectar lagunas, por ejemplo, en el plan de control de cumplimiento de la finalidad de la subvención.
La Inspección habla de «incidencias» en la obligación de las conselleries de «aprobar y ejecutar» un plan de control en relación con la comprobación material de la efectiva realización de la actividad, la existencia de la condición o finalidad de la subvención.
Así, señala que hay convocatorias sin el preceptivo plan o planes que ni siquiera incluyen un contenido mínimo. A veces, el plan existe, pero no existen recursos, por lo cual estas comprobaciones se quedan a medias.
La Inspección también es crítica respecto a una gestión que mejoraría si se usaran aplicaciones informáticas de «alta funcionalidad y seguridad» que no permiten la manipulación por personas no autorizadas y que dejan rastro si se introducen cambios. Es una vacuna ante posibles actuaciones fraudulentas que están infrautilizadas. De ahí que recomienda su uso tanteo en la Administración como en el sector público.
Casi un 30 % de convocatorias no dispone de herramientas de gestión. Este déficit unido a la complejidad de los procedimientos tiene como consecuencia una mayor carga de gestión «que puede implicar un aumento de errores en la gestión y una baja ejecución presupuestaria». Además, la Inspección apunta que aunque más de la mitad de las convocatorias sí se gestionan con aplicaciones de alta funcionalidad, el rendimiento no es óptimo por problemas de integración informática.
La Inspección también hace una radiografía sobre el destino de estas subvenciones, así como su grado de ejecución. Las subvenciones con régimen competitivo representan el 64 % del total. En el ámbito de la Administración, el 88 % van destinadas a gasto corriente y se concentran en Educación. El análisis comparativo concluye que aquellas conselleries con menor volumen de subvención tienen menor grado de ejecución. En el sector público, la mayor relevancia se destina a gastos de capital. Es es este apartado donde se concentra el mayor nivel de riesgos.
Por otro lado, en el ámbito de las ayudas con financiación europea, la Inspección insta a ampliar el uso de los sistemas de gestión de los riesgos de fraude y corrupción a todas las subvenciones aunque esto suponga aumento de carga de trabajo.
La Inspección también llama a afinar el control en aquellas que tienen la consideración de «ayuda de estado». Además, detecta que el 70 % de las ayudas se destinana beneficiarios evaluados con un riesgo alto y medio en ineficiencia en el proceso de gestión.
